Julio, mes de sobresaltos

Durante junio se quiso hacer ver que el procurador Ulloa no se atrevería a indagar a ningún expresidente. Llegaron a decir que los fiscales con los que laboraba eran fichas de Varela. Hasta afirmaron que sus preferencias hacia Martinelli eran obvias, porque desayunaba en el Café Madero, de propiedad de Riccardo Francolini. Los calló a todos sin hacer aspaviento alguno.

El 2 de julio acudieron al Ministerio Público dos expresidentes, Varela y Martinelli, indagados por su participación en diversos delitos. Hecho inédito en toda Latinoamérica. Varela acudió sin reparos a su indagatoria y a otra de la misma semana. Martinelli rehusó declarar en su contra la primera vez y al día siguiente, en otro caso, presentó excusas médicas. El 5 de julio el expresidente Ernesto Pérez Balladares logra secuestrar bienes del Diario La Prensa, en proceso civil de ocho años de duración, por sentirse agraviado por publicaciones en su contra. Ese mismo día, el periódico lo acusa de violentar la libertad de expresión. La jueza civil, fundamentada en la Ley, niega el levantamiento del secuestro requerido por el medio. El 7 de julio detienen en Guatemala a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Martinelli, solicitados en extradición por los Estados Unidos, por posible delito de blanqueo de capitales de dineros de Odebrecht. El 9 de julio la exprocuradora Porcell es objeto de secuestro de sus bienes residenciales por parte de acción de Ricardo Martinelli y cataloga la acción como abuso de poder.

Tenía el país tiempo de que no se daban noticias diferentes a la pandemia y a la corrupción generada en torno a ella. Los noticieros de televisión parecían crónicas rojas, por la cantidad de delitos que reportaban. Los primeros días de julio nos han planteado varías interrogantes que ojalá los gobernantes actuales las sepan entender y asimilar.

Se ha dicho que se deben reglamentar las leyes civiles de secuestro de bienes, para que se excluyan a medios de comunicación, caso La Prensa, y a quienes, por su trabajo, caso Kenia Porcell, tuvieron que afectar con sus decisiones a diversas personas. La primera nos obligará a buscar mecanismos más reales para que los medios que incurran en faltas contra la dignidad y honra de las personas resarzan el daño causado sin tener que recurrir a tribunales.

Cuando la licenciada Porcell señala que ha habido abuso de poder en su contra, pareciera olvidarse del abuso de poder que constantemente permitió con las investigaciones paralelas del abogado de Varela, con lo descubierto en los VarelaLeaks, donde aparecen, con lujo de detalles, situaciones abusivas del Ministerio Público contra diferentes ciudadanos. Permitía, sin ningún rubor, que el Consejo Nacional de Seguridad fuera parte de las decisiones de su despacho.

Consideré fuera de lugar la decisión de la Corte Suprema de Justicia en 2010 de separar de su cargo a la entonces procuradora Ana Matilde Gómez, pero, al mismo tiempo, soy de la opinión de que nunca se le hizo responsable de todos los fiscales destituidos ilegalmente y cuyo reintegro causó grandes erogaciones al Estado. Mismo caso del exdirector de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, a quien debió considerarse responsable de todos los oficiales que destituyó sin razón, cuya reinserción a la Policía costó varios cientos de miles.

La detención de los hermanos Martinelli nos lleva a otros estadios. ¿Cómo un padre permitió que estas situaciones se dieran, no solo con Odebrecht, sino también con los contratos de los Minsa-Capsi, en los tiempos del ministro Vergara, que ahora resurgen en las redes con viejas noticias? Pensaron que jamás un momento así llegaría. Se sentían invulnerables. Sabían que solo su arribo a Panamá los salvaría de las inflexibles manos de la justicia norteamericana.

Todo lo ocurrido en julio es digno de análisis. A mi entender, el expresidente Varela no podrá justificar las donaciones de Odebrecht y, al igual que los que colaboraron en esa trama, tendrá que justificar las consecuencias de sus actos. Al expresidente Martinelli, por el momento, no le pasará nada, porque seguirá excusándose ante la justicia por sus males médicos. A los hijos de Martinelli se los llevarán a Estados Unidos y buscarán reducción de sentencia implicando a otros, cooperando con la justicia de ese país.

Era uno de los que pensaban que en Panamá no pasaría nada. Admito que él callado procurador Ulloa me ha tapado la boca. Todo pasó en la misma semana. Ojalá que los actuales gobernantes se percaten de que solo el bien actuar y hacerlo con transparencia no tiene consecuencias posteriores, aquí o en cualquier otro país.