Los paralelos en periodo de pandemia

Las medidas adoptadas por el Gobierno de Laurentino Cortizo han resultado ineficaces para enfrentar la COVID-19 y resolver los graves problemas socioeconómicos que vive la mayoría del pueblo panameño. El segundo día de diciembre se reportaron 2028 casos y 16 muertes, colocando a Panamá en el “ranking” de los 10 países con más contagiados por millón de habitantes en el mundo, evidenciando el descontrol en el enfrentamiento de la pandemia. Voceros de hospitales públicos y privados anunciaron que el número de hospitalizados por COVID-19 está próximo a rebasar su capacidad; enfermeras anunciaban acciones (huelgas escalonadas), ante la desatención de sus demandas.

La respuesta del Gobierno se limita a la amenaza a la población, endurecer medidas: cárcel, trabajo comunitario, multa, eliminación del bono, so pretexto de que el incremento de casos se debe a la “irresponsabilidad de la población”, lo que constituye toda una campaña contra el pueblo, hablan de fiestas en barrios populares, pero no de las fiestas en PH, mansiones, casas de playa. Desconocen que el pueblo trabajador se transporta en buses y metro, donde las condiciones de bioseguridad son casi nulas. Bajo este escenario, empresarios insisten en recuperación de empresas, sacrificando a la población.

Por otro lado, el Gobierno anunció que extenderá por seis meses más los contratos suspendidos, lo que significa ausencia de salario y prestaciones. Se condena a las familias a padecer hambre y necesidades. Tal como manifestará Frenadeso “… el Gobierno incapaz no solo está matando al pueblo con el coronavirus, sino también de hambre”.

En periodo de pandemia ya se sabe a quienes les va bien. Anuncian que los depósitos bancarios aumentaron, explicado por el estrato de depósitos superiores a los 100 mil balboas; es decir, el poder económico (115 ultramillonarios) sigue acumulando ganancias en medio de la precariedad del pueblo panameño; es la banca a la que el Gobierno le inyectó miles de millones de dólares, tomados del endeudamiento público que pagamos todos los panameños. Por otro lado, autoridades de la CSS anuncian la suspensión de multas a empleadores por mora en cuota a la Caja; es decir a los trabajadores nos descuentan y la patronal puede usar nuestras aportaciones como capital de trabajo a cero tasas de interés y sin multas ni recargos.

En paralelo, a los sectores populares le aumentan el costo de la canasta básica de alimentos, el precio del combustible registra nueva alza, las tarifas de servicios básicos se disparan. Las proyecciones de medidas antipopulares se mantienen latentes, reformas a la Seguridad Social, al Código de Trabajo, a la Ley Orgánica de Educación, aumento de impuestos, como condicionantes del Banco Mundial, con el cual se ha establecido un convenio secreto de 10 puntos. Un ministro de Vivienda que señala que hay que eliminar el decreto que prohíbe en pandemia los desalojos de viviendas por moratoria, aduciendo que “ya hay reactivación económica”.

Como se ve, las brechas no se pretenden cerrar, por el contrario, las medidas del Gobierno empresarial, ante exigencias de las IFI´s y patronal, están siendo ampliadas. La inequidad, desigualdad, discriminación y pobreza son la tónica del quehacer gubernamental. Un “diálogo” sin credibilidad. Sectores del PRD señalan que la crisis interna se mantiene, las renuncias en el gabinete en solo un año y cinco meses continúan (7 ministros y 9 viceministros).

El pueblo está en las calles, solo el Suntracs ha realizado casi 100 protestas exigiendo reactivación de proyectos y que cesen los contratos suspendidos, Conusi realiza acciones semanales y se mantiene alerta frente a demandas interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia. Organizaciones comunales y pobladores de barrios se manifiestan permanentemente. Sectores productivos, micro y pequeños productores exigen respuestas. Gremios profesionales marchan y denuncian los desaciertos de la política gubernamental. Mujeres denuncian la ola de violencia que sufren a diario y los feminicidios ante una política pública que no les garantiza protección y garantía de sus derechos. La comunidad nacional, expresó su repudio a la rebaja de pena a homicida del caso de La Chorrera.

En medio de la lucha, debemos estar consciente de la necesidad de construir una sociedad verdaderamente democrática, equitativa, participativa y con justicia social, en la cual impere la solidaridad humana y el respeto irrestricto a todos los derechos humanos. Es urgente que comprendamos que el poder económico pretende una vez más que la crisis recaiga sobre el pueblo humilde y trabajador. Es necesaria una Asamblea Constituyente Originaria autoconvocada.