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24 de May de 2022

Columnistas

La ACP en la mira de la Asamblea

“[…] los políticos que sueñan con tener acceso a la ACP y, […], a su presupuesto, a fuentes de empleo y a los millonarios contratos de la ACP, intentarían lograr su antipatriótico objetivo, apostados sobre los hombros de ilusos dirigentes gremiales”

Sepultado por el extenso y, en ocasiones, cansón discurso anual del presidente de la República, Laurentino Cortizo, el informe del presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, pasó casi desapercibido, a pesar de haber hecho un anuncio que debió encender las alarmas de quienes lucharon por proteger la autonomía administrativa y financiera de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a través de un Título Constitucional.

Al describir sus planes para 2022, Adames anunció que impulsaría una ley para “darles estabilidad a los empleados del Canal”. Es decir, intentará convertir en permanentes las posiciones temporales, invadiendo con ello un área que, en virtud del Título Constitucional del Canal y de la ley orgánica de la Autoridad del Canal (ACP), es privativa de esta agencia. Ello, sin restarle mérito a la legítima aspiración a la permanencia de empleados con más de cinco (5) años de ser temporales; pero este es un tema eminentemente obrero-patronal.

El Título XIV de la Constitución Política, que otorga privativamente a la ACP la responsabilidad de administrar, operar, conservar, mantener y modernizar el Canal, señala en su artículo 322 lo siguiente: “La Autoridad del Canal de Panamá estará sujeta a un régimen laboral especial basado en un sistema de méritos y adoptará un Plan General de Empleo que mantendrá como mínimo, las condiciones y derechos laborales similares a los existentes al 31 de diciembre de 1999”.

Esa norma constitucional es desarrollada por la ley orgánica de la ACP en su Artículo 18, que describe las funciones de la Junta Directiva. Entre estas, el Acápite 5 estipula la facultad de “aprobar… los reglamentos necesarios o convenientes para el debido funcionamiento y modernización del Canal, incluyendo los siguientes: a. El reglamento que regulará las relaciones laborales y el que fijará, entre otros asuntos, los criterios y procedimientos de selección y promoción, así como las escalas salariales y de beneficios económicos de los funcionarios, trabajadores de confianza y trabajadores”.

Tanto el Título Constitucional como la ley orgánica de la ACP fueron el producto de un gran consenso nacional, en el que participaron todos los partidos políticos, la sociedad civil, entidades cívicas y los sindicaros del Canal de Panamá. En demostración de patriotismo, estos dirigentes sindicales renunciaron al derecho a huelga para asegurar la viabilidad del Canal en manos panameñas, y presionaron para que se blindara a la agencia panameña de la injerencia de la desprestigiada clase política.

El ensayo que impulsa Adames ahora, con el apoyo de un pequeño grupo de dirigentes sindicales canaleros que se han aliado a políticos desprestigiados, no es el primer intento de invadir la autonomía del Canal. El más reciente ocurrió en 2017, cuando el eterno presidente de la Comisión de Presupuesto de la AN, Benicio Robinson, trató de modificar el presupuesto de la ACP aprobado por el Gabinete, en abierta violación de la Constitución. Intentó reducir $141 millones del renglón de operaciones para aumentar los aportes al Estado. Pero la reacción pública y de la Junta Directiva de la ACP fue tal, que debió retirar su propuesta para cumplir lo que al respecto señala la Constitución con absoluta claridad.

Según el artículo 320 de nuestra Carta Magna, una vez sea aprobado por el Consejo de Gabinete, el proyecto de presupuesto de la ACP solo puede ser aprobado o rechazado, mas no modificado, por la Asamblea Nacional. De ser rechazado, rige el presupuesto del año fiscal anterior.

Adames sabe, pues así se lo debe haber informado el costoso “staff” de asesores de la AN, que no puede, ni debe, proponer proyecto alguno que invada la autonomía de la ACP. Entonces, ¿por qué lo hace? Se me ocurre que está creando falsas expectativas entre los ingenuos dirigentes, para ganar su apoyo para invadir la autonomía de esta agencia. Por ello, no me sorprendería que intenten colar a una o dos fichas de ellos entre los tres directivos que deberá designar el presidente Cortizo en febrero de 2022.

En la vena señalada, los políticos que sueñan con tener acceso a la ACP y, en consecuencia, a su presupuesto, a fuentes de empleo y a los millonarios contratos de la ACP, intentarían lograr su antipatriótico objetivo, apostados sobre los hombros de ilusos dirigentes gremiales. Confío en que, igual que ha ocurrido en dos ocasiones anteriores con el tema presupuestario, ¡no pasarán!

Periodista