Bien oculto, claro como agua de manantial

Quienes nos tomamos la molestia de presentar demandas de bienes ocultos deberíamos ser reconocidos y admirados por los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), porque nuestro propósito es que el Estado recupere bienes que por vagabunderías o vista gorda de alguien, en lugar de estar en el Tesoro Nacional, los tiene un particular; esto no es así.

Cuando lo hacemos, aunque el proceso es entre el denunciante y el Estado, lo primero que hacen es avisar al bellaco que usufructúa el bien oculto, supongo que a cambio de algo y, desde ese instante, el denunciante se convierte en enemigo del funcionario.

Debido a esa mala experiencia en el MEF en la gestión de la ex presidenta de la República Mireya Moscoso, incluimos en el Plan de Gobierno de lo que algunos pensamos sería la “Patria Nueva” una provisión para que se le diera un trámite más expedito a las denuncias de bien oculto. Si antes llovía, en el gobierno que pronto fenecerá no escampó en esa delicada materia.

Un bien oculto, de acuerdo a lo que dice el artículo 80 del Código Fiscal, entre otras cosas, es aquel que debiendo estar en manos del Estado, lo tiene un particular. Como el denunciante tiene que asumir todos los gastos —y el tiempo— de los procesos a instaurar en contra del que ilícitamente lo tenga, el Estado lo premia con una recompensa.

El 20 de mayo pasado, mi socio forense, Víctor Martínez, presentó ante el MEF una denuncia de bien oculto en contra de ICA PANAMA, S.A., beneficiada en 1996 con el contrato de concesión No, 70-96 para construir el Corredor Sur.

Ya Víctor y yo previamente habíamos presentado denuncia igual contra esa empresa porque ese corredor, después de firmado el contrato original se redujo en su longitud, no así en su valor, que quedó igual. El MEF, como siempre, no le dio importancia a la lesión cometida contra el Estado y el caso se archivó.

Ahora, trece años después de iniciada dicha concesión, en donde ICA Panamá, S.A. de una inversión de 222 millones de dólares y una ganancia razonable autorizada contractualmente de 85 millones, con lo que podía recuperar 306 millones, para que ocurrido aquello pasara el corredor a manos panameñas, hay muchos —como nosotros— que sostenemos que por vivezas de algunos y negligencia de otros —del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Contraloría General de la República o más arriba—, a pesar de que ese monto se ha recuperado con creces, todavía ICA sigue administrando y sacándole provecho a algo que debería ser ya de Panamá. Ni el MOP y menos Contraloría nos dicen si las cuentas sobre este redondo negocio para algunos están hechas o no.

Inicialmente el Licenciado Martínez ha estimado que ICA a estas alturas nos debe más de 118 millones de dólares, que bien podrían ser mucho más si tomamos en cuenta todos los años que han cobrado peajes —de los más caros en América Latina—, todas las tierras que vendieron del antiguo Aeropuerto Gelabert, hoy la codiciosa Punta Pacífica y las islas que ya comienzan a rellenar en el mar frente a esa barriada.

Esperamos que esos procedimientos para recuperar bienes del Estado, comiencen a trabajar como Dios manda.

Todos los panameños saldríamos ganando.

-El autor es abogado y escritor.gcochez@cableonda.net