¿Subsidios o dádivas?

Continua mi preocupación ante la inquietante tendencia de este Gobierno a continuar con la mala práctica de Gobiernos anteriores de aumentar nuestra dependencia del Estado, incrementando cobertura y creando nuevos ‘subsidios’, lo que obliga volver a abordar el tema, pero antes pongámonos de acuerdo sobre conceptos. Aprendí de mis tutores del Chase que una vez de acuerdo en conceptos, el diálogo se hace más fluido y coherente.

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española (RAE), un subsidio es la ‘prestación pública de asistencial de carácter económico y de DURACIÓN DETERMINADA’. Bajo el punto de vista de política económica, los subsidios persiguen la producción de un bien o servicio y son mecanismos contrarios a los impuestos. Es así como yo entiendo lo que es un verdadero subsidio, por ejemplo, un subsidio de desempleo.

Bajo ese concepto de subsidio, el beneficiario debe merecerlo y comprometerse a un aporte; a un esfuerzo ya sea académico o productivo; contribuir con su ‘pinta de sangre y sudor’. Deberá reconocer que la ayuda económica tendrá su final cuando él cumpla con el propósito social o económico comprometido y si no cumple por negligencia, decidía o abandono, comprenderá que la ayuda terminará inmediatamente.

De no cumplir las condiciones arriba mencionadas, para mí, esa ayudas económicas dejan de ser subsidios y se convierten en dádivas, lo que la RAE define como ‘cosa que se da gratuitamente’ y, ojo, más adelante, añade que acometer con dádivas puede ser para ‘intentar o pretender cohecho o soborno’.

Dicho todo anterior. No creo que lo que tenemos en Panamá encaja con el concepto de subsidios, asemeja más ser dádivas que el Gobierno ‘bondadosamente’ otorga gratuitamente a cierto sector de la población. Para mí hacen daño, ya que más que promover bienestar social, productividad e independencia económica de los beneficiados, estimula clientelismo. Aún más peligroso, ninguno tiene una determinada duración.

Hasta ahora no he visto evidencia de que algún Gobierno se haya preocupado por calcular sus costos futuros y programar un ‘soft landing’ (aterrizaje suave), para cada uno antes de que se tornen insostenibles; en vez de ‘crash landing’ (aterrizaje brusco y accidentado), lo que seguramente sucederá si seguimos como vamos. Imaginémonos la situación en Panamá cuando un Gobierno futuro, si no cambiamos rumbo, se vea obligado a anunciar: ‘Señores, se acabó el fiesto...’; ya no hay plata para ‘120 a los 65’, el gas, la gasolina, la beca universal y cualquier otro subsidio creado por nuestros geniales diputados. Visualizan el zafarrancho y motines en las calles que se formarían. Tumban el Gobierno.

Puedo hablar con propiedad de los beneficios de un buen programas de subsidio, pues logré mi educación superior gracias a una beca del Estado por mis logros académicos en secundaria, pero mi beca tenía su precio, el compromiso de mantener buenas notas y laborar por determinado tiempo con el Estado al graduarme, ambos compromisos cumplidos. La famosa Beca Universal no requiere mayor esfuerzo para obtenerla y mantenerla, falla en no exigir excelencia en logros académicos, estimula mediocridad.

Otro subsidio en discusión es aún más dañino: Es el propuesto subsidio para menores embarazadas. Dicha aberración, de ser aprobada como ley de la República, promueve todo lo contrario de lo que se argumenta serán sus beneficios, estimula embarazos precoces en vez de prevenirlos.

De todos los ‘subsidios’ el que quizás, emocionalmente, encuentro más aceptable es el de ‘120 a los 65’, pero no lo llamaría subsidio. Para mí, más que subsidio, es un acto de caridad pública, pero esconde un riesgo fiscal futuro. Será muy difícil mantenerlo ‘ab infinitum’ por razones que expongo.

Sabemos que una gran parte del Producto Interno Bruto lo genera el sector informal que no cotiza y que por esta razón sus participantes, eventualmente, terminarán en el grupo de los ‘120 a los 65’ de no ingresar al sector formal. Además, nuestra población está envejeciendo, lo que significa que cada año los viejos pesamos más demográficamente. Ambas condiciones indican un posible crecimiento exponencial del grupo elegible al 120 a los 65, lo que pone en peligro su futura sostenibilidad. ¿Alguien en el Gobierno se preocupa sobre esta eventualidad y de anticipar soluciones? O seguimos con la política de ‘el que viene atrás que arree’, ojalá me equivoque.

*BANQUERO Y EXDIPLOMÁTICO.