El caso del Parlacen en las próximas elecciones

Panamá es desde 2008 sede del Parlatino, organismo intergubernamental fundado en 1964, que reúne, en un moderno edificio en Amador desde 2013, a los representantes de 23 parlamentos latinoamericanos y caribeños. Tienen una casa común aquí para encontrarse e intercambiar experiencias e información. Es iniciativa interesante que aporta a la economía local seis veces más de lo que nos cuesta y que cumple la función histórica central del istmo.

Infortunadamente, también somos miembros de un organismo regional muy diferente, el Parlacen, con su sede en Guatemala, que reúne a 120 representantes de seis Estados de América Central y el Caribe (República Dominicana desde 2010). Organismo que tiene otras características muy negativas y nos cuesta al menos 1,7 millones de dólares anuales. Parlamento centroamericano inútil porque no aprueba normas, que ha evitado con prudencia Costa Rica, pero que integramos en 1993 en las postrimerías del gobierno de Guillermo Endara, legado oneroso que todavía pagamos, tal como lo sostengo en un breve ensayo publicado en mi último libro titulado Reflexiones sobre Panamá y su destino de 1990 a 2022. Recordemos algo de historia sobre este problema.

En 2009 hubo un intento para salirnos del Parlacen considerado al principio por un presidente panameño como una “cueva de ladrones”. Fue el mismo organismo regional que incorporó en julio de 2014 para lograr impunidad al igual que tratan de hacerlo sus hijos condenados en mayo de 2022 en un Tribunal federal de Nueva York por graves delitos relacionados con el lavado de fondos que provienen de pagos ilegítimos de la constructora Odebrecht en una extensa red de corrupción internacional, cometidos en Estados Unidos por instrucciones, dijeron, de su propio padre como jefe de Estado de Panamá.

El 11 de diciembre de 2009 la Asamblea Legislativa aprobó la ley que derogaba los tratados y protocolos firmados por Panamá para adherirse al Parlacen. Pero, la Corte Centroamericana de Justicia aprobó una resolución sobre el Tratado Constitutivo de dicho parlamento regional para afirmar que no existía un mecanismo jurídico válido para renunciar al mismo. Así otorgó argumentos legales a los individuos que buscaban fueros e impunidad judicial para que Panamá continuase en el organismo regional.

Antes, algunos políticos interesados en escapar a la justicia protegidos por el Parlacen sostuvieron, desde 2004, que Panamá no podía retirarse voluntariamente del Tratado de 1993 como si un Estado soberano podía seguir encadenado a perpetuidad a un pacto nocivo. Planteamiento que negaba toda la historia de luchas y de reivindicaciones legítimas de nuestro país para abrogar la Convención del Canal Ístmico de 1903, a perpetuidad, que culminaron en 1977 después de trece años de arduas negociaciones.

No obstante, la Corte Suprema de Justicia de Panamá, controlada por el presidente Martinelli que cambió su posición política original, declaró en 2012 inconstitucional la decisión de las autoridades panameñas de salir del Parlacen. Ese fallo obligó al reintegro de nuestro país a la ominosa institución que es refugio pagado para políticos sin trabajo o de impunidad para aquellos con problemas judiciales.

Las administraciones presidenciales Martinelli, Varela y Cortizo no hicieron nada para abandonar el ruinoso e ineficaz sistema internacional regional que denunciamos muchos panameños. ¿Respondieron al deseo de políticos que buscaban fáciles cargos remunerados y/o inmunidad judicial? La consecuencia ha sido el triunfo reiterado de una casta política acostumbrada a gozar de excesivos fueros y privilegios.

Ahora, en 2024 nos encontramos en el mismo punto de partida y después de más de 34 años en democracia liberal imperfecta seguimos atados a una Centroamérica atascada en la miseria económica, política y social con su Parlacen, organismo inoperante y costoso que supuestamente promueve la integración regional.

Algunos ciudadanos proponen que solicitemos a los gobiernos centroamericanos amigos liberarnos del nefasto compromiso y añadir una papeleta especial en las elecciones generales de mayo de 2024 para pedir a los ciudadanos su parecer sobre la permanencia en el Parlacen, pero la Asamblea Nacional, dominada por políticos interesados, evitó aprobar la ley necesaria para hacerlo. Además, el gobierno de Nicaragua, controlado por la pareja Ortega-Murillo, de comportamiento claramente fascista y venal, también dedicada a proteger mediante asilo diplomático a políticos delincuentes y narcotraficantes, ya no es amigo de Panamá.

Al final tenemos a 93 candidatos para diputados al Parlacen en las elecciones de mayo, para elegir a 20 miembros y sus suplentes, entre los cuales se cuentan a un expresidente y otros individuos imputados o condenados por delitos de corrupción pública. Los candidatos son escogidos por la cúpula de agrupaciones políticas. Solamente dos partidos políticos entre los nueve que participan en las elecciones generales de mayo de 2024, Cambio Democrático (CD) y Movimiento otro Camino (MOCA), decidieron no postular ahora candidatos al Parlacen, decisión correcta que revela un elevado comportamiento cívico y un compromiso mayor con la limpieza del nombre de Panamá en la comunidad internacional.

Nombre manchado por ser Panamá el Estado con mayor demora y timidez en toda la región, diez años, para perseguir eficazmente la corrupción pública en el caso más relevante, sobre los sobornos pagados por la empresa Odebrecht a políticos de alto perfil, para el cual se ha fijado en julio de 2024 el juicio plenario, si no se aplaza por conocidas artimañas jurídicas.

Proceso en el que están imputados 25 ciudadanos, entre los cuales hay dos expresidentes (Martinelli y Varela) y varios exministros, por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos en perjuicio de los panameños, especialmente la mayoría más popular. Actos mediante los cuales, si fueran condenados, se confirmaría el hurto a la población de recursos que debieron utilizar los gobiernos para resolver los problemas nacionales más acuciantes.

¿Tendrán los electores en mayo suficiente criterio para valorar la información relativa a estos hechos infamantes para nuestro país que perjudican nuestro pueblo, nuestra imagen y nuestro porvenir? Lo sabremos pronto.