Una ley necesaria

Cursa en la Asamblea Nacional el proyecto de ley 591, por el cual se modifica el Código Penal para elevar la evasión fiscal a condición de delito, sancionable con sentencias de 2 a 4 años de prisión si la defraudación supera los 300 mil dólares, más una multa superior en tres veces a la suma que se ha dejado de pagar.

Destinado a incorporar modificaciones respecto al lavado de activos por fraude fiscal, el mantenimiento de registros y los reportes de operaciones sospechosas, se ha dicho con razón, que la aprobación de esta reforma busca evitar que Panamá retorne a la lista gris del GAFI, pero el propósito abarca, en realidad, un campo más amplio de consecuencias.

No aprobar el proyecto en cuestión acarrearía una serie de afectaciones sobre importantes sectores de nuestra economía cuya operatividad sería imposible sin las modificaciones propuestas.

El Centro Bancario Internacional, por ejemplo, opera mediante líneas de corresponsalías de las que se perderían por lo menos la mitad, lo que podría disminuir la alta competitividad que hoy le reconoce el mundo. Este ha sido uno de los sectores que ha expresado abiertamente estar de acuerdo con el proyecto.

El Centro opera en Panamá desde 1970, cuando fue creado mediante la Ley 235, cuenta hoy con 90 bancos, contrata a más de 26 mil calificados funcionarios, y aporta el nueve por ciento del producto interno bruto, sin contar otras importantes incidencias.

En la misma línea de afectación podrían quedar la Zona libre de Colón y la Autoridad del Canal de Panamá, cuyo campo operativo es un mundo lleno de normas que, de no cumplirse, te excluyen. De más está destacar el papel de ambos en la economía nacional.

No se trata tampoco de imitar a nadie ni de violentar el derecho soberano de Panamá a asumir las leyes o los riesgos que prefiera. Los procesos de globalización que vive el mundo desde el siglo XX tienen presencia concreta en una serie de normas de las que Panamá no se puede excluir.

Más aun el ejercicio de la soberanía en un tema como este se expresa en saber aprovechar normas universales como estas para beneficio de todos los panameños.

La penalización de la evasión fiscal es una de ellas, y curiosamente nuestro país es el único que no la posee en el hemisferio occidental, lo que envía un mensaje de intranquilidad a quienes cumplen con esta norma, y uno distorsionado a quienes, pensando que en Panamá pueden hacer lo que en otros países no, se asientan aquí con la decisión abierta de delinquir.

Tal cual está propuesto, el proyecto de ley 591 desconoce banderías políticas y quienes tienen la responsabilidad de aprobarlo deberían considerarlo como una medida de Estado.

La discusión y aprobación del mencionado proyecto debió registrarse el año pasado, pero postergado hasta ahora, resulta impensable que por su alcance pudiese estar sometido a la dinámica de las transacciones o de las conveniencias políticas.

PERIODISTA