¡Están promoviendo la anarquía en Panamá!

A raíz del informe de la comisión sobre los hechos de Bocas, ha surgido un sinnúmero de cuestionamientos y yo también tengo algunas dudas de su justificación y validez.

Si aceptamos que cuando los órganos del Estado: Ejecutivo y Legislativo, haciendo uso de sus facultades constitucionales, aprueban una ley, automáticamente ello le daría derecho a cualquier grupo disidente a iniciar desórdenes públicos que afecten la propiedad privada, la pública y aún la seguridad y los derechos individuales de todos los demás ciudadanos, lo que estaríamos fomentando es la verdadera ANARQUÍA.

Soy un fiel creyente de que ‘el poder emana del pueblo’, pero ello solo puede ser si se siguen las prácticas democráticas modernas, pues si no las acatamos, vamos a retroceder a los tiempos prehistóricos en que el más fuerte era quien dominaba y mandaba a su antojo. Bien podríamos, entonces, prescindir de elecciones y que sea el más ‘vivo’ quien se apodere del país por la fuerza, como ya lo hicieron los militares en 1968, de triste recordación.

Las elecciones nos dan a todos los ciudadanos el derecho de escoger a quienes queremos que dirijan el país, pero si no respetamos tal elección vamos por muy mal camino. No quiero decir que no pueda haber protestas ni oposición a nuestras autoridades, nada de eso, las protestas populares deben ser y son parte importante de la democracia, pero tales protestas no pueden sobrepasar lo establecido por la Constitución y las leyes.

Es obvio que en Panamá hay muchos que quieren gobernar o cogobernar, pero sin someterse al escrutinio de unas elecciones populares y eso no se puede permitir, pues estaríamos retrocediendo a la prehistoria.

Aceptemos que el procedimiento utilizado por el Ejecutivo y la Asamblea para la aprobación de la Ley 30 no fue el apropiado, pero para eso existe, precisamente, un tercer Órgano del Estado independiente de los dos anteriores: el Judicial, que es el que debe decidir una vez los disconformes presenten sus objeciones basándose en las leyes existentes. Ahora, si no queremos aceptar que sea la Corte la que decide, sino los grupos callejeros, entonces volvemos a lo que afirmo en el título de este escrito.

Desgraciadamente, los panameños nos hemos autootorgado un grado de intolerancia tal que todos queremos que las cosas se hagan solo según nuestro criterio e interés muy particular, por encima de la Constitución, las leyes y de las autoridades elegidas. Pruebas sobran y ello lo queremos imponer con violencia, cierre de calles y agresiones que perjudican la seguridad personal y la economía de todos los demás ciudadanos, lo cual no es permisible.

Asumamos que el gobierno no hubiera actuado firmemente para reprimir la insurrección en Bocas, que ya llevaba varios días, entonces hubieran salido las mismas voces agoreras a criticar que no se haya hecho nada para mantener el orden público y permitir que se continuara destruyendo la provincia, como ya estaban haciendo.

Pero lo que más me preocupa es que vemos que tanto algunos de la sociedad civil como también medios de comunicación que se precian de ser serios, aúpan estas actitudes anárquicas, que más tarde o más temprano los afectarán a ellos mismos.

Señores: ¡recurramos a la sensatez! Exhorto a las fuerzas vivas de Bocas del Toro, los más afectados, pues la economía del sector aún no se recupera, a que manifiesten su opinión al respecto.

¿Queremos institucionalidad con posibles deficiencias o queremos anarquía completamente incontrolable? Respóndase usted mismo.

Ciudadano panameño.

*EMPRESARIO.