La perspicacia delincuencial en nuestro país

La creciente preocupación social en torno al crimen y la violencia es un obstáculo para el desarrollo que experimenta nuestra sociedad, los sectores sociales señalan que la delincuencia se va introduciendo por conductas inadecuadas delictuales y por los problemas disfuncionales de los lazos familiares e interpersonales de los sujetos en la que no están integrados, variando en el transcurso de los años de la sociedad.

La penetración delincuencial, a medida que pasa el tiempo, toma más territorio y familia, pero también aumenta el grado de peligrosidad y Panamá no escapa de este escenario, toda vez que se produce en las calles, los barrios, producto de grupos delincuenciales organizados o pandillas, que se convierten en un problema latente y serio, tanto para las autoridades competentes como para los ciudadanos.

Por consiguiente, su instalación en los diversos ámbitos nacionales, las cuales requieren respuestas formales e informales contra ese flagelo de “lucha contra el crimen”; que implica diversos frentes que, primordialmente, deben articularlos a través de una política criminal y criminológica de forma coherente, teniendo como referencia el cambio y transformación social para las actuales generaciones.

A pesar de las diligencias investigativas y operaciones policiales por todos los estamentos de seguridad, las estadísticas nos indican que nuestro país se encuentra penetrado por el crimen organizado internacional, además del doméstico, que mancomunadamente operan libremente en nuestro territorio, toda vez que entre sus principales hallazgos se incautan dineros, bienes muebles e inmuebles, transporte, etc.

Por lo cual indicamos que la delincuencia tiene varias complicaciones a lo interno, lo nacional y a lo externo, lo internacional, por ende, convirtiéndose la criminalidad en un obstáculo para el desarrollo económico, político, social y cultural del país y los pueblos. De hecho, amenazando los derechos humanos, sus libertades, su paz, su estabilidad y la seguridad nacional.

Contrariamente de la incorporación de alta tecnología a los centros de vigilancia ciudadana para prevenir y combatir la delincuencia “con mayor eficiencia”, previamente anunciado por el Ejecutivo, consiguientemente, los delincuentes no tienen ninguna aprehensión a la existencia de cámaras que dejen en evidencia sus rostros cuando operan al descubierto, perpetrando sus actividades ilícitas sin ningún problema ni cuidado, por ende, el enfrentamiento a la delincuencia no admite errores.

Al finalizar estos dos años y medio presidenciales, para conocer cómo la criminalidad ha ido “in crescendo”, como lo reflejan las estadísticas del Ministerio Público, que son constatables en indicar que para el periodo de julio a diciembre de 2019, se perpetraron 276 homicidios; para el 2020, fueron 500 homicidios; para el 2021, se dieron 554 homicidios, dando un total de 1330 durante este periodo de administración, arrojando una tasa promedio por cada 6 meses de 266 homicidios.

La presentación y sustentación de dos nuevos anteproyectos de ley: “Extinción de Dominio”, para combatir el crimen organizado, en ese sentido ha generado debates a favor y en contra, y de “Política Criminológica”. En lo personal, considero que es una necesidad para integrar los conocimientos criminológicos académicos e informar a la sociedad y a los poderes públicos sobre el delito, el delincuente, la víctima y el control social, que permita comprender científicamente la problemática criminal, prevenirla e intervenir con eficacia y de manera positiva la aplicación de investigaciones criminales.

Además de ser una medida altamente positiva, acoto lo siguiente: no comparto que este enfoque permanezca bajo el control unánime o único del Ministerio de Seguridad, toda vez, que existe el Decreto 260, que señala un ente rector, que aportaría un elemento innovador para enfrentar adecuadamente determinadas estructuras organizativas de orden criminal, y de esta manera transitar por caminos no contaminado políticamente por su manejo conocido.

Finalmente, la política debe garantizar la igualdad ante la Ley y la solución alterna de los conflictos, previendo que el gasto social y económico para cualquier sociedad generan costos a los servicios públicos de salud mental, justicia y educación especial, por lo cual debemos construir una paz segura y perdurable, que implique importantes transformaciones sociales e institucionales para el país, congregando las capacidades ciudadana, las instituciones y las organizaciones sociales, para articular una estrategia contra todas las modalidades del crimen.

Juntos trabajemos a favor de la paz y la convivencia pacífica.