Planes para ordenar territorialmente un país desordenado

En un país muy desordenado que facilita la corrupción pública, siguen elaborándose planes de ordenamiento territorial, especialmente de la ciudad de Panamá y de la cuenca del Canal. Sucedió a pesar de la exagerada paralización que el gobierno nacional impuso al país durante dos años por la pandemia, hasta 2022. Veamos el calendario de esos ambiciosos planes.

En julio de 2021, el Concejo Municipal aprobó la implementación del primer plan de ordenamiento territorial en el distrito de Panamá (POT). En abril de 2022 el alcalde lo recibió formalmente: “herramienta de planificación del territorio, que se caracteriza por la implementación de componentes estratégicos que establece políticas, objetivos y contenidos estructurales en un horizonte de planificación de diez (10) años.”

En julio de 2022 el viceministerio de Ordenamiento Territorial publicó el “documento gráfico de zonificación de la ciudad de Panamá”, el área al este del canal interoceánico, colgado en internet para consulta gratuita. Esperemos su pronta ejecución y no se cambie de acuerdo con los intereses de los grandes propietarios urbanos o de políticos influyentes, como ha sido costumbre.

La Autoridad del Canal de Panamá con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo elaboró en 2022 un exhaustivo Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial Ambiental (PIOTA), instrumento de planificación para fortalecer el manejo de la cuenca hídrica en temas como: la gestión ambiental existente, el ordenamiento del territorio y los factores relativos al desarrollo urbano y rural. Pretende orientar las actividades de desarrollo territorial, incluyendo el socioeconómico y las de protección, desarrollo sostenible y control ambiental en la cuenca. Se apoya en un diagnóstico de un territorio que tiene aproximadamente 345.225 hectáreas, y en amplias consultas ciudadanas. Actualiza la ley adoptada en 1997 sobre el Plan Regional para el desarrollo de la Región Interoceánica y el Plan General de Uso, Desarrollo y Conservación del Área del Canal y propone una alternativa de revisarla.

En Panamá Oeste, Arraiján no tiene instrumentos de planificación y en La Chorrera no se ha actualizado el Plan Normativo elaborado en 1986. Ambos municipios albergan 556.656 habitantes censados en 2023. El resultado es un verdadero caos urbano, permitido por las autoridades, con la construcción de urbanizaciones en medio de potreros, algunas de las cuales carecen de infraestructuras comunales como escuelas, centros de salud, parques públicos, comercios, etcétera, además de la insuficiencia de la prestación del servicio de agua potable, energía eléctrica y recolección de desechos. Abunda la queja de miles de residentes que han adquirido viviendas y viven un verdadero infierno. Se añade el grave problema del transporte en espera, todavía cinco años más, del cuarto puente sobre el Canal, lo que obliga a sus residentes a pasar horas diariamente para circular entre sus residencias y el centro de la capital. Situación que comparten con miles de personas que habitan también en Panamá Este, excepto el acceso al metro, en el otro extremo de la ciudad.

En 2023 el ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial licitó un plan de ordenamiento territorial para Arraiján y La Chorrera que esperemos esté disponible en 2024 y sirva para mejorar el funcionamiento de Panamá Oeste.

Falta, en realidad, un plan integral e integrado sobre el gran Panamá metropolitano, compleja área urbanizada de más de 400 km2, con 1,9 millones de habitantes, casi la mitad de la población nacional, de La Chorrera a Pacora, y Chilibre al norte.

Mientras, el 17 de octubre de 2023 el presidente Cortizo sancionó la ley que adopta el “Plan de Desarrollo Integral de Colón” y se crea la Corporación para el Desarrollo Integral de Colón. Muchos creemos que el problema de Colón no es sólo de planes y dinero, sino también cultural, de arraigo de mentalidades nocivas de gente que elige a menudo autoridades incompetentes y deshonestas. Esperemos que este nuevo plan, uno más, se cumpla.

Como parte del Programa de Desarrollo Urbano Integral de Ciudades con Vocación Turística promovido por la Autoridad de Turismo de Panamá y el Banco Interamericano de Desarrollo, se contrataron en 2022 estudios para la elaboración del plan de ordenamiento territorial y estudios de cambio climático en Pedasí, Bocas del Toro, Boquete, Tierras Altas, Soná y Taboga, para los próximos 10 años. Esperamos urgentemente dicho plan como otros que deben mejorar la descentralización municipal.

Finalmente, más de dos centenares de millones de dólares de fondos de descentralización fueron destinados por el Órgano Ejecutivo, en 2023, año pre electoral, a juntas comunales sin control adecuado, para favorecer a ciertos políticos del principal partido gobernante y sus aliados, escándalo que desacredita aún más este valioso instrumento de desarrollo regional y municipal. Además, ¿qué hacen millares de supuestos “promotores culturales, deportivos y comunales” en la Asamblea Nacional y en municipios del país, invisibles, cobrando sin fiscalización suficiente? ¿Por qué se despilfarran tantos millones en “apoyos económicos” personales, inmorales, y no se usan en mejorar la muy deficiente infraestructura pública local? Se añade la creación todavía hoy, por políticos depredadores, de nuevos distritos y corregimientos costosos, innecesarios.

La descentralización bien hecha sería un instrumento invaluable para mejorar el ordenamiento territorial bien planificado y la calidad de vida de la mayoría de los habitantes de Panamá. ¿Quién podría velar mejor por el uso de los recursos para el funcionamiento del entorno que los propios residentes de los barrios, los pueblos y las aldeas del país? Para lograrlo propongo traspasar a las instituciones municipales y/o comunales, la responsabilidad y los recursos para ejecutar muchas acciones exclusivas del gobierno central como, por ejemplo, la recolección y tratamiento de desechos, el mantenimiento de las vías de transporte y comunicación locales, el ornato público, el mantenimiento de los parques y jardines comunales, la salud y sanidad comunitarias, el suministro de agua potable, hasta el mantenimiento de las escuelas primarias y bibliotecas, con férrea fiscalización.

El gobierno que elijamos en mayo deberá ejecutar todos esos planes y, al fin, lograr una correcta descentralización municipal libre de corrupción.