Seguridad pública

E sto es un asunto de todos los días en donde los actos violentos y la delincuencia reinan en el medio, y siempre los encargados de solucionar estos problemas tratan de explicar con encuestas, cómo avanza la lucha y decrecen los delitos o simplemente se amparan con lo que sucede en otras sociedades en donde es más grave la delincuencia. La verdad es que estamos muy lejos de encontrar esa solución anhelada y en los tropezones no damos las cifras que alarmarían a lo sociedad, porque en esta desigual lucha no le ganamos a la impunidad que reina, porque ha colapsado el ente investigativo. ¿Cuántos delitos quedan sin solución? ¿Cuántos asesinatos se quedan sin investigar adecuadamente por esta improvisación en la que vivimos? Esto sí es alarmante. Hay centenares de casos que se pierden simplemente por falta de una adecuada investigación penal.

Ahora no acabamos de improvisar y en estos entuertos nos ayudamos con investigadores empíricos, y lo peor es que en esta lucha desigual damos tarascones con captores que se extralimitan basados en el refrán que reza: ‘el fin justifica los medios’, pero es que en las investigaciones penales e instruccionales se dañan con estas arbitrariedades, de modo que no podemos alejarnos del principio de legalidad, por tanto todo debe estar en armonía con el debido proceso que es básico. En otro sentido, ya casi medio Panamá está navegando bajo el sistema acusador, que promete tanto como lo que esta redactado en el sistema actual para el resto sobre lo relativo a los procesos penales.

En estos afanes plasmados en el párrafo anterior, creamos primero el Código Penal, que luego convertimos en Texto Único para emparejarlo luego de tantos parches, más otras leyes que han desnaturalizado figuras como la flagrancia, que se puede ver como una prueba imperfecta, pero también como una modalidad de captura. Otra novedad es el Nuevo Código Penal Procesal, que arrancó con algunos artículos aplicados para toda la República, pero el día que entró en vigor para Coclé y Veraguas, el día antes habían dejado sin efectos el término otorgado al Ministerio Público para fundamentar los cargos, de otra manera las jaulas estatales las tenían que abrir para que la mitad de los presos salieran libres, debido a la morosidad galopante en todo lo relativo a dichas investigaciones.

Todo el prominente mundo jurídico ha dicho que este nuevo sistema es un fracaso con cada experiencia. Chile, que era el lugar en donde se había acoplado mejor, hay en estos momentos un revuelo jurídico basado en cambios estructurales, porque las redes protectoras de la ley tienen tantas fisuras que los criminales han logrado evadir las eminente responsabilidad y es por eso que no sentimos ese entusiasmo de entrenar un costoso sistema, para el que nuestra sociedad no está preparada. Aquí entendemos, pero no corregimos la falla de estar metiendo presa a la gente para luego investigarla, cuando con el nuevo sistema es al revés, se investiga primero y se detiene después. Por supuesto que también hay detenciones inmediatas ante crímenes de alto perfil, pero hay dos situaciones inmediatas, como es la presentación del caso al juez de garantías que revisará si dicha detención se ajusta a Derecho, pero además da al Ministerio Público un tiempo para que formalice los cargos, de lo contrario se ordena la libertad. Esto no les gusta a los inquisidores.

Hay otras novedades que podríamos mencionar, empero, tenemos poco espacio en estos aportes, pero con algunas leyes podríamos adoptar estos mismos criterios consolidados para evitar detenciones injustas o simplemente el nombramiento para toda la República de los Jueces de Garantías y de esta manera, lograr que los significativos cambios entre de manera paulatina para todo la sociedad panameña. Lo importante es buscar soluciones científicas dentro de lo jurídico y aplicar leyes que se acoplen con el comportamiento social, de allí lo importante de los estudios socioeconómicos. Hay que imprimir esfuerzos a la clase menos protegidas. Esto no significa que existan delincuentes de clase media o alta que hacen de las suyas.

Coexisten políticas sociales que van contra la corriente. Es desmesurado el intento por tratar de aumentar la población en familias incapaces de sostener un hogar o viéndolo de otra manera, de impedir que se operen las mujeres para no tener más hijos, simplemente porque están muy jóvenes. Esta aterradora práctica no garantiza una educación, en donde no amaina la pobreza, el hambre o las vicisitudes que son a la postre caldo de cultivo para la delincuencia. Una madre soltera, con cuatro hijos o más, rodeada de miseria, lo que promueve son delincuentes. En estos hogares los niños crecen dentro de la miseria, son despreciados por el resto de la humanidad, y como viven comiéndose las sobras, con altos valores de desnutrición, se van llenando de resentimientos y en esa escuela forzada de la vida optan por los caminos de la delincuencia. Esta es una verdad de apuño, no hay valores sostenidos en esta subcultura que adquieren formas de vestir, caminar, hablar y de comportarse.

Hay mucha iniquidad entre los fracasados de ayer que hoy recomiendan sobre este delicado asunto de la seguridad pública, si este fenómeno involutivo de las sociedades, tienen esta misma tendencia. Los grupos delicados al mal se organizan y buscan el camino fácil para beneficiarse del mal ajeno, como es el gran negocio del comercio de las drogas ilícitas, donde se concentra la delincuencia organizada que va de la mano con la corrupción rampante.

ABOGADO Y PROFESOR EN LA MATERIA.