Mulino veta ley sobre acogimiento temporal a menores de edad

El presidente de la República, José Raúl Mulino, devolvió a la Asamblea Nacional, sin sanción, el proyecto de ley 111 de 2025, destinado a regular el acogimiento temporal de niñas, niños y adolescentes.

La decisión, formalizada mediante la Nota 595-2025-AL, argumenta que ciertos artículos de la propuesta son inexequibles, es decir, contrarios a la Constitución.

El conflicto central recae sobre los artículos 44 y 47, que derogan el artículo 367 del Código de la Familia.

Este último establecía la colocación familiar o en hogar sustituto no solo para menores desamparados, sino también para ancianos y enfermos abandonados.

La propuesta fue presentada por los diputados Manuel Cheng Peñalba, Janine Prado Castaño

Según la Presidencia, su eliminación genera un vacío legal que contradice el artículo 56 de la Constitución, que obliga al Estado a proteger a menores, ancianos y enfermos desvalidos.

Además, el artículo 367 establece que la autoridad competente puede disponer una “colocación familiar u hogar sustituto” no solo para menores, sino también para “el anciano o el enfermo” que se encuentre desamparado.

“Se promueve un sistema de protección integral de la niñez y adolescencia, pero en su forma actual deja desprotegidos a otros grupos vulnerables”, señala el documento presidencial enviada al presidente de la Asamblea, Jorge Luis Herrera, que cita las observaciones de diversos ministerios y de la Procuraduría General de la Nación.

La carta del presidente Mulino, más allá del veto, concluye con un mensaje que busca equilibrio: “El Proyecto de Ley promueve un sistema de garantías y protección integral... sin embargo, su redacción actual requiere el ajuste que objetamos para garantizar coherencia con el marco legal vigente.

Esto no es el final de la ley, sino un llamado a perfeccionarla. El debate ahora se traslada al pleno de la Asamblea, donde los diputados tendrán la responsabilidad de encontrar una fórmula que proteja integralmente a todos los panameños en situación de vulnerabilidad, sin excluir a ninguno.

La decisión que tome el órgano legislativo será un termómetro claro de la prioridad que otorga el Estado panameño a una protección social verdaderamente inclusiva y sin fisuras.