¿Un buen manejo estatal de la pandemia de covid-19?

Sorprende que candidatos gubernamentales y sus voceros para las elecciones de mayo de 2024 achaquen a la pandemia de covid-19 los males del país y alaben un supuesto buen manejo estatal del asunto. Veamos, en resumen, cuál fue la historia real.

Panamá aceptó en marzo de 2020 el dictamen del Imperial College de Londres, fundado en modelizaciones matemáticas, que postulaba que la mortalidad sería muchísimo mayor de lo que sucedió realmente. La estrategia del gobierno panameño se basó, primero, en esos supuestos alarmistas y al no ser corregidos a tiempo, como lo hicieron otros gobiernos mejor informados, más inteligentes y más sensatos, causaron un gran daño. Se hizo la “guerra” (sic) al virus y no se equilibró lo médico-sanitario con lo económico-social.

Resultados negativos aparecen en efectos socio-económicos al registrar Panamá el mayor descenso en el continente americano del PIB en 2020, casi 18%. El economista René Quevedo afirmó que: “en el 2020, Panamá adoptó las más severas políticas de restricción de movilidad de toda Latinoamérica, en una economía donde el 70% de los empleos son presenciales. En consecuencia, 364 mil trabajadores asalariados del sector privado (42% del total) perdieron sus fuentes de ingreso y a otros 284 mil (32%) se les suspendieron sus contratos laborales. En el primer año de pandemia, 3 de cada 4 empleos formales de la empresa privada desaparecieron o fueron suspendidos”. Se añade el mayor cierre de la actividad escolar presencial, dos años, el más largo del mundo (Unicef), con docentes y administrativos del sector público pagados integralmente, con efectos duraderos en el pésimo sistema educativo nacional.

Después de inicios marcados por la prioridad de vacunas para jóvenes de la fuerza pública (con mucho menores riesgos mortales), Panamá terminó por tener una de las más elevadas tasas de vacunación en Latinoamérica gracias a la diligencia gubernamental para obtener las mejores vacunas y al arduo trabajo del cuerpo sanitario, médicos, enfermeras y enfermeros y técnicos, con experiencia en la vacunación, los verdaderos héroes de la pandemia. El esfuerzo de vacunación fue lo mejor que hizo el gobierno durante la pandemia, hay que reconocerlo, además de la asistencia hospitalaria-sanitaria. Se evitaron muchas muertes, aunque no se contabilizan las que sucedieron por el cierre de actividades y el rápido empobrecimiento de gran parte de la población. Pero también advertimos otras zonas oscuras que nos han costado mucho a todos.

Por ejemplo, sucedió el mayor endeudamiento público de 16,5 mil millones de dólares en dos años para ampliar los subsidios que superan ya los 2.200 millones de dólares al año y alimentar más la planilla estatal creciente, la segunda mayor per cápita de Latinoamérica solo superada por la argentina, y plagada de gente ineficiente, incompetente y hasta ausente de sus puestos de trabajo, y las transferencias de millonarios fondos públicos a políticos populistas y clientelistas, nacionales y municipales que continúan muy activos. Se hizo con el sorprendente pretexto de evitar una “explosión social”, que finalmente llegó en julio de 2022, potente movimiento que paralizó el país y que comprometió seriamente la esperada recuperación económica y social post-pandemia, por dejadez de la responsabilidad gubernamental de mantener el orden público. Allí no terminó lo más errado.

El 24 de diciembre de 2020 el ministerio de Salud anunciaba: “Esta mañana llegaron a nuestro país un total de 220 especialistas cubanos, quienes vienen a reforzar el sistema de salud en esta lucha contra el covid-19”. En total llegarían 230 personas por tres meses prorrogables sin que siquiera se consultara al Consejo Consultivo de Salud creado para ocuparse de la pandemia y sin respetar la legislación nacional denunciaron personas, instituciones y gremios. El gobierno panameño cedió a meses de presiones de los grupos de izquierda que dirigían el ministerio de Salud, para favorecer al régimen de La Habana que utiliza esta forma de explotación del trabajo forzado de sus ciudadanos para obtener divisas, hecho denunciado como forma de “esclavitud moderna” (ONU y Human Rights Watch). Así, el gobierno nacional destinó varios millones de dólares pagados directamente al gobierno cubano que reconocía una pequeña parte a esos profesionales de la salud, mientras había centenares de jóvenes médicos panameños sin trabajo.

La pandemia no fue igual para todos: mientras que los empleados públicos continuaron gozando de sus salarios y los políticos electos de sus privilegios, la mayoría de los panameños se empobreció; muchos pasaron y continúan pasando hambre, a pesar de programas de ayuda de bolsas de comida administrados políticamente y de vales solidarios de hasta 120 dólares mensuales. A pesar, también, de amnistías tributarias y moratorias de préstamos bancarios consentidas en favor de personas naturales y empresas para amortiguar los impactos negativos de la pandemia y a causa de otorgar créditos fiscales exorbitantes a operadores de turismo favoritos del régimen, queda en amplios sectores de la opinión pública la impresión de que el gobierno nacional no hizo lo suficiente, de que algunos políticos empoderados se aprovecharon de la crisis para ejecutar actos de corrupción pública en complicidad con empresarios privados y de que la rendición de cuentas por parte de las más altas autoridades ha sido muy pobre.

La Asamblea Nacional no aprobó la propuesta solidaria de 2021 del Consejo de Gabinete de reducir los salarios más elevados en el gobierno y continuó con la fiesta perpetua del despilfarro de los generosos fondos públicos que le brinda, con el pretexto de facilitar la “gobernabilidad”, el Órgano Ejecutivo, quizás el más débil desde hace cuando menos tres décadas.

Altos funcionarios estatales, incluyendo a ministros de Estado, incumplieron públicamente, con impunidad, las estrictas medidas restrictivas impuestas por el gobierno, aunque algunas fueran excesivas o irracionales, mientras que millares de ciudadanos eran perseguidos por faltas mucho menos graves. Ese es, en síntesis, el balance objetivo del manejo de la pandemia que también tendrá sus efectos en las próximas elecciones.