La muerte de una estudiante en la comunidad de Nö Kribo, comarca Ngäbe Buglé, es una vergüenza nacional. La niña, quien cursaba estudios en el Centro Educativo Trinchera, estaba obligada a cruzar el río Cricamola para poder asistir a clases. Fue precisamente en ese trayecto —en su intento por ejercer el derecho básico a la educación— que fue arrastrada por la corriente. Su cadáver fue recuperado este viernes, tras varios días de búsqueda. Ningún padre o madre debería sufrir la pérdida de un hijo. Menos aún, cuando esa pérdida ocurre por la indolencia institucional ante una realidad que no es nueva ni aislada. No puede ser que se proclame que “la educación y los derechos del menor son primero” durante una huelga docente, pero que, una vez terminada, desaparezca todo impulso gubernamental por garantizar condiciones dignas y seguras para los estudiantes. Volvemos a lo mismo: niños caminando decenas de kilómetros para llegar a sus escuelas y muertes que nunca debieron ocurrir. ¿Qué política de seguridad y educativa se implementará para evitar más tragedias como esta? ¿Dónde está el plan de acción urgente para resolver el problema de las escuelas rancho, muchas de ellas ubicadas en zonas de alto riesgo? El Ministerio de Educación tiene la obligación de garantizar tanto la formación como la vida de los estudiantes. Las comunidades llevan años pidiendo la construcción de puentes al Ministerio de Obras Públicas, sin obtener respuestas concretas. Es hora de actuar, y de hacerlo ya, antes de que tengamos que lamentar otra muerte infantil. No podemos permitirnos sumar una vergüenza más a la Nación.

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