Una decisión que exige reflexión

La democracia no solo se ejerce; también se cultiva. La designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia es trascendental para el país. El presidente José Raúl Mulino ha reiterado su derecho constitucional a designar, junto con el Consejo de Gabinete, a los nuevos magistrados que integrarán las salas Primera y Tercera de la Corte a partir de 2026. Es cierto: la Constitución le concede esa facultad; pero también la ciudadanía espera mucho más que un acto de poder constitucional. Espera altura, madurez democrática y un mínimo de apertura. Ignorar el Pacto de Estado por la Justicia, un mecanismo plural que ha servido de filtro ético y profesional en procesos anteriores, es una decisión políticamente errada, aunque legalmente válida. La historia es testigo de que algunos magistrados -afortunadamente pocos- han sido designados para pagar favores o proteger intereses particulares. El país ya ha vivido las consecuencias de esas apuestas: justicia politizada, desconfianza ciudadana y una institucionalidad en permanente crisis de credibilidad. Reactivar el Pacto no resta poder al Ejecutivo, pero sí lo ennoblece. Lo vincula con la ciudadanía. Lo sitúa por encima del cálculo político. No se trata de renunciar a una atribución, sino de ejercerla con visión de Estado. Por eso, presidente Mulino, este no es un llamado a contrariar la Constitución, sino a elevar el estándar de su cumplimiento. Panamá necesita un liderazgo que escuche, que convoque y que entienda que la justicia, para ser respetada, debe ser también confiable. No desperdicie la oportunidad de marcar la diferencia.