El que una oficina, dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, disponga una medida capaz de traducir serias consecuencias extraterritoriales, que incluso pueden lesionar derechos fundamentales como la libertad de expresión, de prensa, de información, de trabajo y de empresa, en pleno siglo XXI, de la informática, la comunicación y la tecnología, es una aberración; a todas luces insultante e inadmisible, por absurda, excedida y contraria a derecho. Sin embargo, lo más recriminable sería el consentimiento de autoridades cuyo deber ético y constitucional es proteger y garantizar los derechos de los panameños y de los extranjeros residentes en nuestra jurisdicción. Nada justificaría la imposición de medidas abusivas y mucho menos de un Estado que pregona la supremacía de la justicia, los derechos humanos, la libertad de expresión y el estricto apego a las leyes. La Estrella de Panamá y El Siglo , medios de comunicación de la empresa ‘acusada, juzgada y condenada sin mostrarle pruebas', tienen como norte y guía la libertad de expresión, de prensa y de información. Por ello, demandamos independencia, objetividad y respeto. La coyuntura no da lugar a mezquindad alguna; el Gobierno debe empinarse con decoro y exigir respeto o aceptar el veredicto condenatorio de la historia, por obsecuente, genuflexo e irresponsable. Hechos, no palabras huecas.

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