Represión que no cesa

El hostigamiento del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo es visible cada vez más. No hace mucho –el miércoles pasado– salieron a cazar a todo aquel que consideraban su enemigo. Allanaron viviendas y detuvieron a opositores, activistas campesinos y periodistas en los departamentos de Managua, Rivas, Matagalpa, Chinandega, Madriz, Estelí, Granada, Jinotega y Chontales. Fue una redada masiva que dejó, al menos, 40 personas detenidas, según calculan organismos de monitoreo de la oposición. Se trata de la mayor cifra de detenciones registrada en una sola jornada desde el operativo paramilitar conocido como operación Limpieza, según reseña el diario El País. El Gobierno de Nicaragua mostró los dientes por primera vez, tal como un perro rabioso, en 2018, para acabar con una ola masiva de protestas que contó con el apoyo de estudiantes, profesionales de la clase media y muchos exmiembros de su propio partido político sandinista. En ese entonces –y no muy diferente a lo que hoy se vive– el régimen desató a sus fuerzas de seguridad y 355 personas perdieron la vida, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En marzo de este año, un grupo de expertos de la ONU acusó a Ortega y Murillo de “crímenes de lesa humanidad”. Es alarmante el recrudecimiento de la represión durante los últimos días y es una prueba de que Ortega no está dispuesto a ceder ni a garantizar la democracia dentro del territorio que maneja. La comunidad internacional, y especialmente Panamá, no debe perder de vista lo que está ocurriendo en Nicaragua. Los nicaragüenses quieren ser libres y no podemos dejarlos solos. La presión global debe ser mucho más concertada y robusta. Tal vez los hechos recientes puedan ayudar a avanzar en este sentido.