Necesaria revisión

Ahora que el gobierno entrante ha prometido reformar la Ley Orgánica de la Cancillería y el Decreto Ejecutivo que la reglamenta, con el fin de regular la estructura, funciones, presupuesto y fiscalización de las oficinas consulares, es propicia la oportunidad para revisar el sistema que hasta ahora ha venido rigiendo en nuestros consulados y notarías públicas.

Si el gobierno entrante necesita fuentes de ingresos para financiar sus programas sociales, en esas oficinas puede hallar recursos que hasta ahora, por la forma en que han estado estructuradas, pasan al bolsillo del afortunado que es nombrado en esas posiciones, que han devenido en verdaderas sinecuras.

La creación de una oficina que supervise y fiscalice el funcionamiento de ambas podría ser una solución; una especie de Superintendencia de Notariados y Consulados, que le permita a los funcionarios que ejercen esas misiones, una remuneración digna, que podría estar fijada con base en comisiones, como es hasta ahora en los consulados, pero con un tope máximo, de manera que el Estado panameño sea el mayor beneficiario de las transacciones que se surten allí.

Estamos seguros que puede romperse el paradigma que hasta ahora se mantiene, sin afectar el servicio que se presta.