Reflexiones ante la crisis del sector hotelero

Para nadie es un secreto que el sector hotelero en Panamá está experimentando la peor crisis de su historia. Las razones pueden concentrarse en cuatro principales. La sobreoferta de habitaciones que se duplicaron entre el 2011 y el 2015, lo que generó una guerra de tarifas ante la caída de la ocupación en ese mismo periodo de un 65 % a un 56 % y que actualmente ronda el 50 %.

A esto se suma el aumento del salario mínimo, sobre todo de la mano de obra, en los últimos cuatro años en más de 30 % y la falta de una campaña de promoción turística permanente y adecuadamente dirigida a los mercados internacionales para incrementar la demanda.

Con contadas excepciones, los últimos seis Gobiernos de la era democrática nacional no han colocado a la industria turística, y en particular al sector hotelero, en el lugar que le corresponde como fuente de ingresos para el país, generadora de empleos de calidad y un actor clave en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

Quienes en ese periodo han dirigido el desaparecido Instituto Panameño de Turismo (IPAT) y la actual Autoridad del Turismo de Panamá (ATP), han sido personas nombradas por ser allegadas a los Gobiernos de turno, con desconocimiento de lo que es la industria en su conjunto.

En las últimas tres administraciones se le dio rango de ministro sin cartera a los responsables del turismo y cada uno, con distintos niveles de incapacidad, trató de impulsar su plan, desechando lo actuado por sus antecesores. No ha existido una política permanente y de largo aliento para colocar al país en los circuitos turísticos mundiales.

Por otro lado, la propia industria turística no ha contado con la representatividad necesaria que la convierta en un interlocutor de peso ante el Gobierno, porque la diversidad de intereses diluye el efecto de sus propuestas o demandas.

Cada organización relacionada con la industria tiene su propia agenda, persigue objetivos particulares y carece de la capacidad de convertirse en un vocero autorizado, que unifique criterios, para intervenir en forma protagónica en la promoción internacional que exige el turismo nacional.

Es aquí donde los propietarios de hoteles e inversionistas en el sector están llamados a jugar un rol clave en una promoción externa bien planificada, centrada en objetivos a corto y mediano plazo y con un trazado de largo alcance, como parte de una agenda de Estado, a través de una alianza estratégica público-privada.

Hay acciones concretas que pueden impulsarse de inmediato. El impuesto hotelero actual es de 10 %, mientras que las demás actividades comerciales pagan un 7 % de ITBMS. El Gobierno bien podría equiparar ese impuesto al 7 % y poner en manos de los propietarios de hoteles el restante 3 % como un fondo exclusivo para la promoción internacional del turismo hacia Panamá. Las experiencias exitosas de Costa Rica y México, por citar ejemplos cercanos, hablan por sí solas.

Los recursos destinados a la promoción del turismo —que vaya más allá de contribuciones a los carnavales, al turismo de Semana Santa, desfiles o maratones— podría manejarse en forma mixta entre el sector público y privado para darle transparencia a las inversiones, sin los actuales impedimentos burocráticos y obtener los mejores resultados para el país.

Eso ya está contemplado en la ley que creó la ATP, pero ningún ministro de Turismo ha querido implementarlo, porque le resta poder en el manejo de los recursos destinados a la industria, lo que genera opacidad en las acciones.

En ese escenario, el sector hotelero bien podría tener mayor participación en el uso de los recursos de la industria y presencia en las decisiones del Consejo Nacional de Turismo y en los Consejos Consultivos de Turismo. Esas instancias están compuestas por ministros de Estado, que designan a representantes que desconocen la materia y al final las decisiones quedan en manos del ministro de Turismo y su equipo, quienes deciden a discreción las políticas a seguir.

Echar a andar un proyecto tal requerirá fondos iniciales para poner en escena una campaña pública y privada que involucre a los principales actores estatales. Eso incluye a los ministros de Economía y Finanzas, de Turismo, al gabinete en su conjunto y al propio presidente Juan Carlos Varela, quien debe gobernar no para administrar la resignación, sino para cambiar la realidad del sector hotelero y sintonizar al país con la hora del continente y del mundo.

PERIODISTA

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‘(...) Juan C. Varela debe gobernar (...) para cambiar la realidad del sector hotelero y sintonizar al país con la hora del continente y del mundo'