En Venezuela hay 1,905 detenidos considerados como “presos políticos”, 38 más que la semana pasada, cuando se computaron 1.867 personas privadas de libertad...
Hace más de cuatro lustros, a raíz del Quinto Congreso Nacional de Abogados, planteaba a los letrados asistentes que: “A nuestro juicio, la República de Panamá no logrará su genuina y real independencia, sino existe una gran consulta nacional que establezca los principios, las bases o las instituciones que permitan reorganizar políticamente al Estado, dotándolo de la capacidad de respuesta efectiva para enfrentar los grandes problemas de arrastre dejados por el antiguo régimen militar, su proyecto político fracasado y su herencia de débiles estructuras de gobierno, fatigadas por el abuso y la corrupción que se asientan en un diseño económico agotado, que requiere de inmediatos cambios, so pena de colapsar”.
Hoy día podemos constatar que la constituyente, que ayer era solo una consigna importante y urgente, resulta una necesidad ineludible para todos los sectores de nuestra sociedad que, como ciudadanos, aspiran a una vida digna para todos. Pretender eludir la responsabilidad que nos cabe como ciudadanos, de aportar nuestra voluntad y conocimientos para participar en un proceso constituyente que nos lleve a mejores días como sociedad, no es lo más apropiado, pues le estaríamos dando, una vez más, la espalda a un compromiso cívico que va mucho más de nuestras preferencias individuales o personales, cualesquiera que ellas sean.
El planteamiento claro y contundente del presidente de la República, José Raúl Mulino, de aperturar un proceso constituyente originario con el propósito de modernizar las estructuras estatales, a través de un nuevo contrato social que nos brinde una nueva y verdadera Constitución de todos, con todos y para todos, no puede ser desestimado.
Por primer vez desde la invasión estadounidense de 1989, un jefe del Órgano Ejecutivo decide proceder a llamar a los ciudadanos a un proceso constituyente no excluyente. Por primera vez también, se crea una Secretaría Presidencial con las funciones y atribuciones correspondientes para llevar adelante las distintas fases de un solo cometido: darnos una nueva Constitución que garantice la participación ciudadana, fortalezca las instituciones que sean necesarias para la actualización teórico-doctrinal para poder contar con un verdadero Estado Constitucional Democrático de Derecho.
El mundo ha conocido cambios de toda naturaleza durante los últimos cincuenta años, los cuales resulta obligatorio no desconocer. Nuestra propia formación social ha conocido nuevas situaciones sociales, económicas y demás, que no podemos permitirnos ignorar. Hoy por hoy, nuestra sociedad panameña, como parte integrante de la sociedad mundial, no puede permitirse el lujo de seguir de furgón de cola de los cambios que conoce la humanidad, de la revolución de la inteligencia que vivimos los humanos, de la necesaria mejora de la calidad de vida y de respeto a la dignidad de la persona humana.
Nos corresponde, entonces, ir más allá de una simple consigna. Tenemos que organizarnos y abandonar el papel de espectadores y pasar a ser actores en la construcción de este presente que nos conducirá a un mejor futuro. No hacerlo sería no solo irresponsable, resultará catastrófico, pues los cambios necesarios no pueden esperar.