Consejos para una constitución anticorrupción

MBA, CICA, CPE, AFA, CAMS, FCPA, CFE, CPA. AUDITOR FORENSE ANTIFRAUDE Y EXAMINADOR DEL POLÍGRAFO CERTIFICADO.

La corrupción es un flagelo que está relacionado al hombre desde su creación por Dios y sus antídotos lo representan: los fuertes valores morales y éticos de los individuos en la sociedad, que se forman y nutren en el seno familiar y espiritual; y una constitución que sea lo menos posible limitada, permisiva y ambigua. Sólo un gobierno visionario y estadista, bien ilustrado por un tema técnico no necesariamente legal, podría tener la voluntad política de promover e incluir estos consejos en las Reformas a la Constitución Política de la República de Panamá. Lo primero es prohibir que los empleados públicos sean miembros de partidos políticos. Así evitamos el famoso ‘quítate tú para ponerme yo’, lo cual deja una secuela de problemas e inestabilidad económica, social y profesional en seno de las familias que dependen del salario de un funcionario público. Eliminamos el degradante escenario quinquenal de las masas renunciando a un partido para inscribirse en otro y logramos mayor sentido de pertenencia y compromiso con un buen manejo y uso de los recursos y fondos públicos.

Lo segundo es darle la autonomía e independencia real a cada uno de los poderes separados del Estado, ya que no es posible hablar de independencia o separación de poderes cuando uno de ellos decide cuánto presupuesto le otorga, independientemente de sus realidades y necesidades, para cumplir con sus mandatos. La provisión anual de los recursos y su apremiante necesidad se convierte en una herramienta de genuflexión utilizada para premiar o castigar y/o dejar en bajo perfil o inhabilitar parte o todas las funciones importantes del desempeño de los órganos que supuestamente son independientes, pero que quedan siendo lo contrario.

Los recursos o presupuestos del Tribunal Electoral, Órgano Judicial, Ministerio Público, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, incluyo subir el Consejo Anticorrupción (que debe incluir la Unidad de Análisis Financiero UAF) con plenos poderes de una autoridad competente para además de prevenir, combatir mediante facultades para investigar y emitir informes técnicos al Órgano Judicial por casos de fraude, corrupción y lavado de dinero, donde estén presuntamente involucrados funcionarios públicos; deben ser asignados en función a un porcentaje del presupuesto total o de un monto per cápita, revisables o incrementados conforme a parámetros económicos.

Tenemos una justicia poco efectiva y con alto grado de impunidad, precisamente por falta de adecuados recursos materiales, profesionales y tecnológicos, indudablemente; desde la etapa de la investigación hasta la etapa de juzgamiento y ventilación hasta última instancia de los negocios o controversias jurídicas. Los entes de vigilancia y fiscalización tienen serias limitaciones para llevar a cabo completamente sus funciones, principal e históricamente, en algunos casos por su dependencia o subordinación jurídica, relación partidaria y/o personal o con el gobierno, aunque existen excepciones. Como buen control se procuraría el perfeccionamiento y eficacia de estas funciones por más tiempo del periodo presidencial.

Y lo tercero es que los magistrados, contralor y zar Anticorrupción deben someterse a concursos en los que participen diferentes miembros de la sociedad para filtrar su elección y deben ser nombrados por diez años y ratificados por dos tercios de la Asamblea Nacional y que pasen la prueba del polígrafo como requisito previo y de monitoreo de ser necesarios, durante su desempeño. De igual manera todos estos puestos más los funcionarios de carrera judicial, con poder y mando o administración, supervisión y fiscalización en el manejo y uso de fondos y recursos, incluyendo toda la Policía Nacional deben someterse al polígrafo, sino nunca evitaremos la infiltración de la delincuencia organizada en ellos.