La seguridad ciudadana y la economía

ECONOMISTA / CENTRO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD.

Ú ltimamente el crimen y la violencia crecen, afectando la sociedad panameña y la economía. Entre los factores que sobresalen se encuentra el alto nivel de desigualdad, los problemas en la administración de justicia y la falta de educación, sobre todo de los jóvenes de bajos ingresos. También afecta el crimen organizado, como el tráfico ilícito de drogas, gente o armas.

El turismo, las inversiones extranjeras, las oficinas regionales de empresas multinacionales, las empresas y la ciudadanía panameña sufren el menoscabo de seguridad y su protección privada tiene un costo significativo. Lo positivo es que Panamá no tiene los niveles más altos de violencia en el área en comparación con países como El Salvador, México y Guatemala, por ejemplo. Lo negativo es que el crimen ha venido creciendo en forma sostenida.

Las actividades delictivas se concentran en Panamá, Colón y Chiriquí, con aproximadamente el 90% de los homicidios, lo cual indica que los crímenes son un fenómeno principalmente urbano. Esta situación facilita la aplicación de políticas que podrían evidentemente focalizarse en estas áreas. Así mismo la mayoría de los crímenes los cometen jóvenes y el mayor porcentaje de sus víctimas también lo son, lo cual de hecho constituye otro elemento clave para focalizar la política de seguridad ciudadana.

El crimen representa una carga presupuestaria que obliga al Estado a asignar grandes recursos a combatir la delincuencia desviando fondos que podrían emplearse para la construcción de escuelas u hospitales por ejemplo. Esto es lo que los economistas definen como el ‘costo de oportunidad’ o el costo que deriva de no poder asignar estos fondos a otros usos.

Algunos factores que impulsan el crimen incluyen la masiva afluencia al territorio nacional de sustancias ilícitas (y el consumo de las mismas), así como la penetración de algunas organizaciones provenientes de Centro América y México principalmente (como las llamadas maras).

Parte del problema es que las ‘maras’ se han extendido a Panamá, por los efectivos programas de combate a la delincuencia que se han desarrollado en los países centroamericanos. Ocurre algo similar con el tráfico de armas y de drogas, debido a los controles que ejercen los países vecinos como Colombia.

Una enorme mayoría de los jóvenes que incurren en delitos ha desertado del sistema educativo y no participa en el mercado laboral (esos jóvenes son desempleados). Esto puede atenuarse a través de políticas que incentiven a los estudiantes a permanecer en las aulas con programas como comida caliente y becas escolares u otros desarrollados actualmente.

Por el lado laboral algunas opciones incluyen flexibilizar las normas para contratar jóvenes, como algunos programas públicos. Aunque el desempleo general ha bajado a 5.6%, el desempleo entre jóvenes de 18 a 24 años está en 15%, propiciando que sean llevados hacia actividades delictivas.

La administración de justicia de Panamá está sobrecargada y carece de la capacidad para gestionar los fallos oportunamente, y es por eso que el país presenta una alta población carcelaria. Por consiguiente, una opción de política sería adiestrar y capacitar a los funcionarios del Sistema Judicial y asignarle recursos para ampliar su cobertura y productividad mediante tecnología y procedimientos que mejoren la eficiencia del sistema en general.

No cabe duda de que el aumento sostenido del crecimiento económico de los últimos años es muy positivo, pero requiere complementarlo con políticas de redistribución de las oportunidades y de su inversión en capital humano riqueza y un efectivo combate del crimen a nivel policial ante el impacto potencialmente negativo que tiene sobre sectores claves como el turismo. De lo contario paradójicamente podríamos tener más riqueza y más delincuencia.