Papel del Ministerio Público ante escándalos de corrupción

En las aulas de clases, a los estudiantes de Derecho, en sus primeros años, se les enseña que el Ministerio Público es el ente que debe garantizar que todo delito que se comete debe investigarse de inmediato y, de igual forma, averiguar quién comete el delito, pero siempre respetándole al individuo sus garantías y derechos.

Sin embargo, en los últimos años, hemos visto que el Ministerio Público no está jugando su papel garante de proteger a los ciudadanos ni investiga todos los escándalos de corrupción que se denuncian ante la propia Procuraduría de la Nación.

Recientemente, se publicó la noticia de que el Ministerio Público mandaría una delegación a Italia encabezada por la fiscal Anticorrupción, Lizzette Chevalier, con el objetivo de investigar el caso de corrupción donde aparecen dos agentes claves: Mario Velocci y Valter Lavítola, relacionados con la compra de las cárceles modulares en Panamá.

Lo irónico es que en el caso de corrupción sobre el sobrecosto de los radares, cuya denuncia fue presentada ante la Procuraduría General de la Nación, se le proporcionó toda la información y pruebas al Ministerio Público sobre la vinculación de VALTER LAVÍTOLA en el tema de los radares; sin embargo, la Procuraduría de la Nación recibe una carta de la compañía Selex (filial de Finmeccanica), acusada de fraude por el sobrecosto de radares, señalando que todo el trámite de venta se encontraba en regla, y que el sobreprecio se debía a que las especificaciones de Panamá eran diferentes a la de los radares comprados por Turquía, Yemen y Libia. Razón suficiente para que el Ministerio Público le pidiera a los juzgados penales que las investigaciones se cerraran con un sobreseimiento definitivo, objetivo y de carácter impersonal, porque no había delito y nadie había resultado vinculado.

Ahora, el Ministerio Público, ente que ha sido acusado por diversos sectores de la sociedad de guardar un silencio cómplice sobre los escándalos de corrupción que afectan a nuestro país, pero que está activo para investigar a todos los críticos y opositores del actual Gobierno, manda una delegación para supuestamente investigar actos similares de corrupción a Italia por los sobreprecios de pagos y sobornos por la supuesta compra de cárceles modulares, pero que tiene de común denominador al mismo personaje nefasto: VALTER LAVÍTOLA y su vinculación con personajes del Gobierno panameño.

Con asombro, escuchamos al propio procurador, quien, de manera anticipada y tajante, ya anunció que no tiene competencia para investigar a dos ministros de Estado y a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, mencionados por testigos en Italia. El final es obvio, el procurador se mantendrá y continuará silencioso ante el escándalo de sobornos, de corrupción, y, como conocedores del Derecho Procesal Penal, nos invocará el tecnicismo jurídico; que al realizar las investigaciones contra personajes del Gobierno no puede investigar a los mismos por falta de competencia, y le solicitará a la Sala Penal de la CSJ (dominada por el Gobierno actual) que declare la NULIDAD de todo lo actuado, como él mismo manifestó en diversos medios.

Señor procurador, continúe con su labor expedita, diligente de investigar a los opositores y críticos al actual gobierno, pero silencioso e inactivo para los escándalos de corrupción que a diario se denuncian ante su propio despacho, porque, aunque usted no lo crea, si no toma acciones contra todos estos actos de corrupción, después del 2014, Dios y la Patria, lo juzgarán.

ABOGADA