Democracia: ¿mejor sin partidos?

H ace algunos días, me preguntó un oyente de un programa radial en el que estuve en calidad de invitado especial, que si ¿era necesarios que existieran los partidos políticos para que funcionara una democracia? Comparto aquí lo que fue parte de mi respuesta.

La Historia nos habla de que hemos tenido experiencias democráticas sin la presencia de partidos políticos, al menos tal cual como los conocemos en el mundo occidental. Aún en la actualidad, los pueblos aborígenes se manejan con mecanismos de participación donde la inexistencia de partidos no ha menguado su carácter democrático en lo más mínimo.

No obstante, más ha sido el tiempo viviendo en simulaciones de democracia donde la figura de los partidos políticos ha sido notable, pero para los falsos ejercicios de participación ciudadana en la cosa pública, que cuando la población ha tenido mayor influencia en las decisiones que le competen desde las comunidades.

En tiempos de la llamada ‘dictadura militar’ (específicamente en el período entre 1970 y 1981) irónicamente la participación del ciudadano de a pie tuvo mayor preponderancia, no solo en la escogencia de quién representaba sus intereses comunales, sino en cómo y en qué deberían usarse los recursos locales. Los resultados fueron evidentes en el aumento significativo de beneficios sociales y políticos nunca antes disfrutados por la población de a pie y bus.

Así, un(a) candidato(a) en una comunidad no dependía de su pertenencia a un partido político que tuviera que conseguirle recursos para que se candidatizara en una contienda electoral. Tampoco, la gente de las comunidades tenía que conformarse con las candidaturas salidas de los partidos, donde, como vemos hoy, la mayoría de la gente no participa; sea porque no pertenece a estos colectivos políticos, sea porque internamente solo los que poseen o cuentan con el favor de los que tienen recursos tienen reales opciones de salir escogidos y por tanto, no se siente representada en sus opiniones e intereses por tales candidaturas.

Este fenómeno de falta de representatividad real, ha ido creciendo a tal punto que en los partidos que a la fecha han escogido sus candidatos presidenciales, estos no se sienten (y tienen toda la razón) seguros del respaldo de su ‘propia gente’.

Por tanto, requerido los contingentes de recursos y su control para que un partido tenga opción de poder; desarticulada la organización social y de la ciudadanía en general, que oriente sus demandas colectivamente e impida las transacciones individualizadas (las becas, tanques de gas, bolsas de comida, contratos, etc.) a quienes apoyen al que ejerce el poder o lo pretende, el resultado será el que favorece a quienes más fuentes de recursos tienen o sus representaciones en los partidos; si se mantienen las reglas políticas del clientelismo siempre habrá ‘clientes’ para legitimar los resultados.

Esta forma de alcanzar y mantener el poder a través de partidos políticos para beneficio privado, con base en quienes poseen fuentes de riquezas, es conocida como Plutocracia. O sea, lo que vivimos en Panamá.

Aquí, por supuesto que se requiere de partidos para movilizar a los ‘clientes’ que pagan con su voto para el sometimiento ciudadano. La función de estos colectivos, por tanto, poco o nada tienen que ver con ser expresiones de las demandas ciudadanas; expresan la opinión de los sectores que han acumulado fuentes de riquezas materiales, en su pretensión de darle continuidad a esa acumulación. Y esto lo pueden hacer hoy desde un partido y mañana desde otro; si no, respóndase ¿por qué en los distintos gobiernos de un misma alianza electoral han sido y son los mismos clanes económicos los que mayor se benefician de las decisiones del Estado en materia económica?

A contrapelo, nada dice (salvo fuera del análisis científico social) que los partidos políticos son imprescindibles para el desempeño de una democracia. Hoy, cuando esta figura no ofrece respuestas a los problemas de la construcción de la democracia, cabe ir pensando en nuevas maneras de agrupaciones que llenen ese vacío, con reglas que transformen desde las fuentes de financiación de los colectivos, como la cotización obligada de sus afiliados, hasta el ordenamiento del cumplimiento de su ejercicio a favor del bien común de toda la población.

SOCIÓLOGO Y DOCENTE UNIVERSITARIO.