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06 de Mar de 2021

Redacción Digital La Estrella

Opinión

Policía: urge eliminar privilegios

La sociedad panameña otra vez ha quedado horrorizada por la muerte de dos menores de edad en la localidad de San Carlos a manos de la Po...

La sociedad panameña otra vez ha quedado horrorizada por la muerte de dos menores de edad en la localidad de San Carlos a manos de la Policía Nacional. Aún cuando la reacción inicial de las altas autoridades del gobierno fue una suma de indiferencia presidencial y silencio tanteador; el enorme repudio de la población obligó al director de la Policía a dar explicaciones, que en vez de convencer, reflejan lo cómodo que se encuentra con los privilegios procesales que posee la Fuerza Pública y las improvisadas medidas disciplinarias que huelen a truco para invalidar los procesos.

Además del dolor producido por la muerte de los menores, toca preguntarnos ¿qué nivel de posibilidades existen para que dichos crímenes policiales se repitan? Existen altas posibilidades por las siguientes razones: Los miembros de la fuerza pública poseen el privilegio de no poder ser detenido preventivamente cuando son investigados por el uso excesivo de la fuerza.

Este privilegio, que se había eliminado con el Acuerdo Concertado Nº 6 de la Mesa del Dialogo creada para eliminar la Ley Chorizo, fue reimpuesto por el propio presidente Ricardo Martinelli en la Presidencia de la República y llevado a la Asamblea donde se convirtió en la Ley Nº 74 de 2010. Al privilegio procesal se suman las funciones muy extensas que legalmente poseen estamentos como SENAFRONT y otros; cuyas consecuencias de muertos y heridos los vimos en las protestas de Changuinola, Comarca Ngäbe y Colón.

Otro factor que ayuda a la acción criminal de la fuerza pública son los plurales incentivos salariales que el presidente Martinelli les ha dado (sobre todo a la Policía). Al inicio no comprendimos los aumentos salariales a estos en poco tiempo, hoy queda claro que la estrategia es ganarse la obediencia de la Policía para que reprima sin dudas, sin límites (los quemados en la cárcel de menores, y la invasión al Instituto Nacional, son ejemplos) y sin escrúpulos.

Los estímulos a la acción irracional a la Fuerza Pública, se perfeccionan con las incitaciones y perdones inconstitucionales del propio presidente Martinelli. Habiendo ya un muerto en la Protestas en Colón contra la Ley 72, el presidente Martinelli manda desde Japón un mensaje vía Twitter a los policías en el que los felicitaba por la represión al Pueblo Colonense. Esta incitación produjo cuatro muertos más.

El presidente no es de medias tintas sino de tinta chorreada. No se conforma con incitar, sino también de perdonar a los policías a través de indultos que violan el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución Política. La osadía presidencial es tal que pisotea el fallo del 30 de junio de 2008, que, además de revocar indultos de Mireya Moscoso, dejó claro que la Constitución solo faculta al presidente a indultar por delitos políticos.

Los factores ya señalados se complementan con la hipocresía del Ministerio Público. Asombra ver cómo Ana Belfón, abogada personal del presidente, hoy procuradora general, apura a sus fiscales para demostrarnos que los policías van a ser castigados; cuando ella misma en condición de abogada de la Presidencia se presentó en la mesa de diálogo contra la Ley Chorizo y defendió los privilegios procesales de la Policía que hoy contiene la Ley 74. Es la misma Ana Belfón que siendo jefa del Ministerio Público cierra expedientes por los asesinados en las protestas y exime de responsabilidad a Raúl Mulino, Julio Moltó y otros. Es decir, no subyace un sincero deseo de acabar con las extralimitaciones criminales de la Policía, sino solo un interés de apagar la generalizada indignación ciudadana.

Hay que desmontar estas condiciones para que los crímenes policiales cesen o disminuyan sustancialmente. Urge derogar la Ley 74 de 2010, constituir una Comisión de la Verdad que revierta la impunidad y el cierre de expedientes relacionados con las muertes en protestas, se limiten las funciones del SENAFRONT y otros estamentos de la fuerza pública, cese la incitación, se anulen los indultos inconstitucionales del presidente, entre otras medidas.

SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE FENASEP, COORDINADOR GENERAL DEL FRENTE AMPLIO COLONENSE.