Autoridades y expertos abogan por discusión de ley de extinción de dominio

El director del Departamento contra el Crimen Transnacional y Delincuencia Organizada de la OEA, Gastón Shulmeister, afirmó que una ley de extinción de dominio fomenta a través de la recuperación de activos de dudosa procedencia, la destrucción del músculo financiero de los criminales.

Shulmeister participó ayer de una presentación técnica por parte del Ministerio de Seguridad Pública, con el respaldo de la Fundación Konrad Adenauer y la Organización de Estados Americanos (OEA), del proyecto de ley 625 mediante el cual se adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos en Panamá, y que desde abril pasado está en espera de discusión en la Asamblea Nacional

Shulmeister destacó que este marco legal está debidamente establecido en España, Uruguay, Colombia, Argentina, entre otros países, que combaten la delincuencia organizada transnacional a través de la persecución y confiscación de bienes cuya procedencia no se pueda justificar.

“La ley de extinción de dominio es necesaria para establecer un marco regulatorio que permita socavar el músculo financiero de las organizaciones criminales y del narcotráfico”, aseguró el experto.

Por su parte, el secretario general del Ministerio de Seguridad Pública, Jonathan Riggs, manifestó que lo que se busca mediante esta ley de orden público y de interés social, es fortalecer la persecución criminal, resarcir a la sociedad por los daños que sufra, y el financiamiento de programas para la prevención de la delincuencia y el fortalecimiento de instituciones de educación, desarrollo social, seguridad y deportes, entre otros.

Aseguró que existe la voluntad política para la discusión de esta ley, ya que bajo el liderazgo del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, se estableció mediante una mesa técnica una base sobre la cual se logró consolidar un documento.

No obstante, Riggs expresó que ahora se espera la discusión próximamente de esta iniciativa en la Asamblea Nacional. “Son los diputados los que nos deben permitir generar el debate nacional para la incorporación de esta figura”, destacó.

Por su parte, Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers, indicó que Panamá no puede quedar atrás en la implementación de esta norma, porque todos los países de la región prácticamente la tienen o la están implementando con resultados favorables.

“Panamá debe tener esta ley para poder acompañar todos los procesos que están haciendo en contra del crimen organizado en el país”, señaló.

Manifestó que en la medida en que se le pueda quitar la parte financiera y económica al crimen organizado –los bienes, propiedades–, eso lo debilita y las autoridades de cada país pueden ser mucho más efectivas en su combate.

“A esto es a lo que apunta Panamá con su ley de extinción de dominio de bienes de origen ilegal, eso es lo más importante que hay que decir, porque no hay que quedarse solo con el término extinción de dominio, sino que hay que hablar que son bienes que han sido comprados con dinero ilegal o que están siendo usados para cometer un delito”, enfatizó.