Inquietudes por cuenca del Canal

PANAMÁ. Los residentes de las áreas revertidas sumaron ayer a dirigentes sindicales en su lucha por la conservación de los espacios verd...

PANAMÁ. Los residentes de las áreas revertidas sumaron ayer a dirigentes sindicales en su lucha por la conservación de los espacios verdes y en contra de las ventas de las tierras de la cuenca del Canal.

La Federación de Comunidades de Áreas Revertidas realizó ayer una conferencia de prensa para denunciar las pretensiones del Gobierno de vender las áreas canaleras para ‘ajustar el presupuesto nacional’.

En la rueda de prensa participaron dirigentes de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP) y de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), quienes manifestaron su apoyo a la Red de Comunidades de Áreas Revertidas.

Alfredo Berrocal, dirigente de Fenasep, incluso planteó la necesidad de realizar un movimiento ciudadano para defender el patrimonio natural.

Las acciones ya empezaron. El abogado Donaldo Sousa presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley 61 de 23 de octubre de 2009, que reorganiza el Ministerio de Vivienda y crea el viceministerio de Ordenamiento Territorial.

La demanda, que se presentó minutos después de la rueda de prensa, es en contra de los numerales 1, 11, 12, 13 14 y 19, del artículo 2 de la mencionada ley que establece las competencias del viceministerio de Ordenamiento Territorial, entre las que se encuentra ‘dirigir las políticas de ordenamiento territorial’. Esto, a juicio de Sousa, viola el artículo 233 de la Constitución, que le otorga esa potestad a los municipios.

Pero mientras la Corte Suprema de Justicia decida sobre esta acción legal, los residentes de las áreas revertidas adelantan otras acciones. Para febrero próximo han planeado organizar un foro sobre el plan general de uso, conservación y desarrollo del área canalera, aprobado mediante la Ley 21 de 1997, en la Universidad de Panamá.

La mayor preocupación de los residentes es que el Gobierno busca eliminar el plan que le costó al Estado 9 millones 300 mil dólares.

No están lejos de la realidad. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial adelanta un proyecto de ley que busca modificar la Ley 21 que, además, aprobó el plan regional para el desarrollo de la región interoceánica.

Elbertos Cobos, dirigente de la CNTP y que estuvo en la conferencia de prensa, fue uno de los representantes de los trabajadores que participó en el debate de la Ley 21. Ayer, se mostró en desacuerdo por las modificaciones y pidió reactivar la comisión que discutió la norma en 1997.

Lo Nuevo