Caso de Senafront retenida | Fiscalía ordena aprehensión de caciques en Darién, denuncian persecución

La Fiscalía Regional de Darién giró una orden de aprehensión y conducción contra cinco dirigentes indígenas que supuestamente estarían relacionados al altercado con una unidad del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) el pasado 20 de mayo.

La orden busca la aprehensión de Elivardo Membache, cacique general de las de las Tierras Colectivas en la provincia de Darién; Lucrecia Caisamo, cacica suplente de esta misma región, así como los dirigentes indígenas Luciana Caisamo, Enelda Salazar e Isaías Caizamo.

Con fecha del 23 de mayo, la acción establece la presunta vinculación de los dirigentes indígenas con la detención temporal de la cabo primero, Ines Guainora, en la comunidad de Arimai, en Darién, en medio del contexto de protestas contra la Ley 462 que reformó la Caja de Seguro Social (CSS) y el Memorándum de Entendimiento con Estados Unidos.

Los líderes indígenas son investigados por los supuestos delitos contra la libertad en modalidad de privación de libertad; el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de lesiones personales y violencia psicológica hacia la cabo Guainora. Tras el incidente, el Senafront emitió un comunicado en el que deploraron lo ocurrido. “La acción violenta constituye un delito, y se observa la beligerancia de varias personas contra la unidad policial que fue encerrada contra su voluntad en un recinto”, dijeron.

Dirigencia indígena reacciona

El Congreso General de Tierras Colectivas Emberá y Wounaan rechazó la orden de la Fiscalía y la calificó como una medida para “perseguir políticamente” a la población que se mantiene en protesta.

“Consideramos estas acciones como una forma de persecución política contra líderes comunitarios que defienden causas justas en favor de sus pueblos. Rechazamos todas las acusaciones presentadas y exigimos respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales”, señaló el congreso, que llamó a la “unidad” entre las comunidades indígenas de Arimae.

El congreso respaldó las protestas de las comunidades de Arimae contra la Ley 462, al considerar que esta compromete el futuro de las pensiones y ofrece “jubilaciones de hambre”. Sectores que han denunciado la dura represión por parte de miembros de la fuerza pública para abrir los cierres en distintos puntos del país.

“Hemos sido testigos y víctimas de la militarización de vías y caminos dentro de los territorios indígenas de los hermanos Ngäbe-Buglé, Emberá Wounaan y otros, con armas de alto calibre, uso excesivo de la fuerza, frente a un pueblo indefenso (....) el pueblo indígenas no cesará en esta lucha hasta sus últimas consecuencias y que se unan los demás gremios y organizaciones del país que hasta ahora no lo han hecho”, señaló la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip).

Piden la intercesión del papa León XIV

Coonapip presentó el pasado 23 de mayo un carta, a través del Arzobispado de Panamá, en la que solicitó la intercesión del nuevo papa León XIV para frenar la violencia del Estado en las protestas.

Desde el 23 de abril, los gremios docentes mantienen una huelga en contra de la Ley 462, a la que se han sumado trabajadores de la construcción, grupos universitarios, gremios del sector salud e indígenas.

Las órdenes de aprehensión a los caciques se suman a otros procesos judiciales que avanzan contra dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs), así como a líderes estudiantiles en la Universidad de Panamá; planteados por diferentes causas, pero enmarcados en el contexto de protestas que vive el país.