Celulares bajo control: iniciativa panameña busca mejorar la atención en clase

El abogado y especialista en educación Virgilio Sousa presentó ante la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley No. 224 para restringir el uso de teléfonos celulares en los centros educativos de Panamá, tanto oficiales como particulares. La propuesta —según explicó a La Estrella de Panamá— no pretende prohibir, sino regular el uso de estos dispositivos con el fin de mejorar la atención, el rendimiento académico y la salud mental de los estudiantes.

Sousa explicó que la idea surgió tras leer un informe de la UNESCO que alertaba sobre los efectos negativos del uso excesivo de dispositivos electrónicos en las aulas. “Cuando un estudiante se distrae con un celular, puede tardar hasta 20 minutos en volver a concentrarse. Esa cifra me impactó y me llevó a plantear una legislación que establezca reglas claras”, indicó.

El jurista, quien también cuenta con un doctorado en educación, detalló que el anteproyecto fue elaborado desde la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea y ya cuenta con el respaldo unánime en comisión. “Lo que buscamos no es prohibir, sino restringir y regular. En Panamá no hay una norma uniforme: algunos colegios aplican medidas, otros las dejan a discreción de los directores. Este proyecto busca establecer una política nacional coherente”, señaló.

Sousa, que laboró como director de asesoría legal del Ministerio de Educación (Meduca), explicó que el documento tiene cuatro objetivos principales:

El proyecto también busca promover el retorno al uso de libros como herramienta principal de aprendizaje. “La tecnología es valiosa, pero ha desplazado casi por completo la lectura. Queremos equilibrar ambos recursos, no eliminar uno u otro”, agregó.

El anteproyecto contempla excepciones específicas. Los estudiantes podrán utilizar sus teléfonos en tres circunstancias:

Cuando cuenten con una autorización expresa de los padres o el director por razones de seguridad o logística.

Si tienen condiciones de discapacidad que requieran el uso del dispositivo como herramienta de apoyo.

Cuando el docente autorice su uso con fines académicos y bajo supervisión.

“En ningún caso se prohíbe el uso de computadoras ni de tabletas. El objetivo es regular el uso de los celulares personales, no limitar los recursos tecnológicos para la enseñanza”, aclaró Sousa.

También destacó que la iniciativa pretende reducir el ciberacoso y el acoso escolar, fenómenos que —dijo— “han aumentado por el uso inadecuado de los celulares en los salones”. Agregó que la medida “contribuirá a crear entornos más seguros y disciplinados, donde el estudiante se concentre en aprender, no en grabar o subir contenido inapropiado a las redes sociales”.

El impulso de Sousa encuentra respaldo en los datos más recientes del Informe GEM 2024 de la UNESCO, que analiza las políticas tecnológicas en los sistemas educativos del mundo. El documento revela que 79 países (el 40 % de los sistemas educativos del planeta) ya prohíben o restringen el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas, frente a los 60 que lo hacían en 2023.

Entre los países que han implementado medidas más estrictas figuran Francia, China y España, mientras que Estados Unidos cuenta con regulaciones en 20 de sus 50 estados, como California, Florida e Indiana. En América Latina, México, Perú y algunos municipios colombianos han aplicado restricciones similares con resultados positivos.

El informe subraya que los celulares pueden interrumpir el proceso de aprendizaje incluso cuando no se usan activamente. “Tener un teléfono cerca, con notificaciones visibles, basta para perder la concentración”, advierte el documento. Un estudio citado señala que los estudiantes pueden tardar hasta 20 minutos en retomar la atención tras una distracción.

Además de su impacto académico, la UNESCO alertó sobre los riesgos de salud mental y privacidad asociados con el uso intensivo de dispositivos. Según el organismo, solo el 16 % de los países garantiza por ley la protección de los datos estudiantiles, y el 89 % de las herramientas tecnológicas empleadas durante la pandemia recopilaban información de menores sin justificación pedagógica.

Para Sousa, Panamá no puede quedar al margen de esta conversación global. “Más de 80 países ya han adoptado medidas similares. Nuestro proyecto busca que los estudiantes panameños desarrollen pensamiento crítico, autonomía y respeto por las herramientas tecnológicas”, afirmó.

El anteproyecto —que cuenta con ocho artículos— será discutido en primer debate en los próximos días. De aprobarse, convertiría a Panamá en uno de los primeros países de la región en contar con una ley nacional para regular el uso de celulares en las escuelas, alineada con las recomendaciones internacionales de la UNESCO.