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- 12/07/2025 00:00
El organismo advierte de que la suspensión de garantías está estrictamente limitada a los acuerdos internacionales de derechos humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado de prensa sobre las observaciones que avanza en torno a las protestas contra la Ley 462 que reformó la Caja de Seguro Social y las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
En el pronunciamiento emitido este viernes, el organismo detalla un recuento de los hechos y los reportes del gobierno del presidente José Raúl Mulino, así como de las organizaciones sociales en protesta.
Allí señaló que “toma nota de los esfuerzos del Estado panameño por actuar dentro del marco constitucional y legal”, como lo denunciado por organizaciones sociales e índígenas, sobre “la intervención de las fuerzas de seguridad durante las protestas ha resultado en desalojos, detenciones arbitrarias, agresiones físicas, amenazas y estigmatización hacia personas líderes indígenas”.
En ese sentido, la Comisión indicó que todo acto de violencia no ampara el uso indiscriminado de la fuerza por parte del Estado. “La suspensión de derechos y garantías solo está autorizada en circunstancias extraordinarias y debe observar los límites estrictos establecidos por la Convención Americana”.
Desde finales de abril estalló una huelga y protestas de más de 75 días, impulsadas por sindicatos, gremios docentes y indígenas, que denuncian que la reforma abre las puertas a la privatización y ofrece “pensiones de hambre”, algo negado por el Gobierno.
Sobre el estado de urgencia -que suspendió derechos constitucionales- en Bocas del Toro, la CIDH indicó que las garantías y protección judiciales deben ser salvaguardadas aun en estados de excepción. En cuanto al bloqueo de comunicaciones en la provincia, la CIDH indicó que pueden constituir restricciones ilegítimas a los derechos de asociación y reunión.
Indicó que el Estado panameño expresó su “voluntad de investigar” denuncias sobre uso excesivo de fuerza y detenciones arbitrarias”. Según la Defensoría del Pueblo, que es citada por la CIDH en su pronunciamiento, habría indicios de violaciones graves a los derechos humanos en Bocas del Toro, un reclamo que se suma a otros similares por abogados y activistas en otras provincias del país.
Según cifras oficiales, en Bocas del Toro hubo más de 370 detenidos y al menos tres fallecidos que se mantienen en investigación. También se mantiene abiertos varios procesos judiciales contra dirigentes sindicales y docentes, que estos últimos denuncian estarían influidos políticamente, señalamientos que el Gobierno rechaza.
Finalmente, la CIDH hizo un llamado a continuar el diálogo y pidió al Estado el cumplimiento de sus obligaciones en garantizar los derechos humanos.
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