Contraloría avala auditoría integral de la mina Cobre Panamá

La Contraloría General de la República refrendó este martes el contrato por el que se adjudicó la auditoría integral al proyecto minero Cobre Panamá. Así lo registra el porta del Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos de la entidad.

Este aval no solo pone en marcha un exhaustivo examen sobre las operaciones de la ya cerrada mega-mina, sino que también sienta una base de información técnica y legal esencial para las futuras decisiones del Estado panameño, especialmente en el tenso contexto de los arbitrajes internacionales.

La auditoría, dividida en componentes financiero y ambiental, es una respuesta directa del Gobierno panameño tras el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2023, que forzó el cese de las operaciones mineras. Este proceso busca esclarecer tanto el manejo de las reservas de mineral como el cumplimiento de los compromisos ambientales, para que así el país tenga un panorama claro del estado actual de la concesión.

El contrato adjudicado a la empresa SGS Panamá Control Services Inc., asciende a $539.791.46 y establece un periodo de ejecución de seis meses, más dos adicionales para una fase de liquidación.

La compañía SGS Panama Control Services, Inc., evaluará áreas críticas como manejo de residuos, calidad de agua y aire, emisiones de gases de efecto invernadero, seguridad de relaves, biodiversidad, reforestación, relaciones con la comunidad y cumplimiento de normas legales y tributarias.

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, ha enfatizado la importancia de la transparencia y la necesidad de basar las decisiones en datos sólidos. Durante la discusión del presupuesto de 2025, explicó que el informe de auditoría “proporcionará información esencial sobre el volumen y estado del cobre” y permitirá al Estado tomar decisiones basadas en datos sólidos sobre las reservas minerales y sus condiciones actuales.

Moltó destacó que “este enfoque es crucial para establecer un marco claro de responsabilidades y la futura gestión del sitio”.

El Ministerio de Ambiente, por su parte, notificó que la auditoría será un proceso técnico y exhaustivo que abarcará todos los compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III. Este mecanismo, dijo, tiene como propósito garantizar la verificación del cumplimiento ambiental, social, legal y tributario del proyecto, bajo criterios de transparencia y estándares internacionales de evaluación.

“Todos estos compromisos serán verificados dentro de este proceso de auditoría integral, que permitirá evaluar, con base en evidencia, cómo ha sido el nivel de cumplimiento a lo largo del tiempo en cada una de las fases del proyecto”, comentó Juan Miguel Jaén, jefe del Departamento de Control y Verificación de la Calidad Ambiental de MiAmbiente, en un comunicado lanzado este martes.

La luz verde para la auditoría se da en un contexto diplomático y legal complejo, marcado por las reclamaciones presentadas por First Quantum Minerals y sus subsidiarias contra Panamá ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Aunque el proceso judicial en Panamá se ha cerrado con la declaración de inconstitucionalidad del contrato, el Estado panameño enfrenta al menos dos procesos de arbitraje internacional por parte de Minera Panamá, S.A. y Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corp. (KOMIR), a pesar de que el proceso principal de Minera Panamá, S.A. c. Panamá fue desestimado con carácter en abril de 2025. Los otros arbitrajes han avanzado con la conformación de los paneles arbitrales por parte del CIADI.

El ministro de MICI ha sido enfático en aclarar que si bien los paneles arbitrales se han constituido —lo que constituye un trámite administrativo del CIADI—, los procesos en sí permanecen suspendidos en virtud de acuerdos alcanzados entre Panamá y las empresas demandantes.

Aclaró que la suspensión de los arbitrajes se mantiene vigente por voluntad de ambas partes y que, de hecho, “hay un arbitraje que ya se cayó y no se puede volver a levantar,” lo que considera una “ventaja para Panamá.”