Contraloría presenta dos demandas contra contrato de Panama Ports

El contralor general de la República, Anel Bolo Flores, anunció este miércoles 30 de julio la presentación de dos demandas contra el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC) ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una por inconstitucionalidad y otra por nulidad.

“El deber de esta Contraloría es defender los dineros de los panameños y siempre estar a la defensa de los mejores intereses nacionales. Es por ello que hoy nos referimos directamente a la Corte Suprema, apelando hacia ellos como Estado panameño y como contralor en estas dos demandas. Esperemos sean admitidas prontamente y tengamos los resultados que, obviamente, necesita el país, y que está esperando la ciudadanía”, manifestó Flores durante una conferencia de prensa llevada a cabo en las oficinas de la Contraloría General de la República.

CK Hutchison, empresa madre de Panama Ports, de origen hongkonés, ha recibido una oferta de compra por parte de un consorcio compuesto por BlackRock y la naviera italiana MSC. La empresa estatal Cosco Shipping ha mostrado interés en involucrarse en la transacción, así como la naviera francesa CMA CGM.

A este panorama incierto se suman ahora las demandas contra el contrato en Panamá. “Eso no es un tema que ataña a Panamá. Lo que sí atañe a Panamá es que los puertos son nuestros. Son de la República de Panamá, por ende, de todos los panameños. Y no me parece correcto que hay en otras latitudes otras gentes negociando el futuro sobre los bienes que son de nosotros los panameños”, sentenció Flores.

En enero de este año, poco después de la toma de posesión del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmaba que el Canal de Panamá estaba bajo control chino, señalando los puertos operados por PPC, la Contraloría anunció el inicio de auditorías a la compañía china. En abril, un día antes de la llegada del secretario de Defensa de Estados Unidos a Panamá, el contralor anunció resultados preliminares, detallando que Panamá debió haber recibido 1.337 millones de dólares por concepto de concesiones portuarias durante los últimos 24 años, pero solo ingresaron 483 millones.

Esta nueva demanda de nulidad contra el contrato ley entre el Estado y PPC llega en un contexto clave. De concretarse la compra por 1,3 mil millones de dólares de CK Hutchison, la concesión de los puertos panameños podría pasar a nuevas manos. De declararse nulo o inconstitucional el contrato actual, se abriría una oportunidad para que Panamá negocie mejores términos a través de un nuevo contrato.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha manifestado en el tema minero estar a favor de no realizar un contrato ley, que tendría que pasar por la Asamblea Nacional, optando mejor por negociar un contrato que no sea una ley en sí, sino que se rija por las leyes vigentes actualmente en el país. Su asesor en temas logísticos y exadministrador del Canal de Panamá Alberto Alemán Zubieta, tampoco cree en los contrato ley y en entrevista con La Estrella de Panamá comentó que es necesario corregir la situación actual con PPC.

La demanda presentada por Contraloría no va dirigida directamente a exfuncionarios relacionados con el contrato actual, aunque Flores los calificó como “malos panameños” y destacó el rol que considera debe jugar el Ministerio Público. “Esperamos que el procurador de la Nación haga su trabajo como lo estamos haciendo nosotros. Él tiene suficientes temas que ver en esa auditoría. Hay una junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que aprobó esta extensión. Hay un sinnúmero de gente involucrada a niveles ministeriales, directores de la AMP, que obviamente autorizaron, fuera de ley, una extensión de un contrato que a luces es ‘leonino’ para la República de Panamá. Él tendrá suficiente tiempo para ver quiénes son todas esas personas”, concluyó el contralor.