Sesiones extraordinarias: entre el deber constitucional y un proceso de transición

El llamado a sesiones extraordinarias, si bien se enmarca dentro de los parámetros legales, no es atinado en medio de un proceso de transición de gobierno.

¿Considera oportuno un llamado a sesiones extraordinarias en el último mes de un mandato gubernamental?

SUSANA SERRACÍN

ABOGADA

El llamado a sesiones extraordinarias por parte del presidente Juan Carlos Varela, si bien se enmarca dentro de los parámetros legales, no es atinado que en el último mes de su mandato —y en proceso de transición a un nuevo gobierno— pretenda tratar el tema de nombramientos en puestos estratégicos y, por otro lado, antes de dejar la silla presidencial se valga de subterfugios para ‘legalizar' el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, que fue decretado inconstitucional mediante sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

¿Considera que los diputados cumplirán su mandato constitucional de acudir a las sesiones extraordinarias?

Pienso que el ausentismo de los diputados será el protagonista de estas sesiones extraordinarias; sin embargo, es probable que los que acudan sean de la bancada oficialista. Lo ideal es que participen todos y se dé un debate de altura; y si no están de acuerdo, que voten en contra, pero no es sano para el país que se evada el debate.

Una ministra de Estado y un embajador desistieron de su designación para la Junta Directiva del Canal y el presidente Juan Carlos Varela eligió otro ministro de Estado y una exviceministra para el cargo. ¿Qué análisis amerita esta decisión?

El actual ministro de Asuntos del Canal y presidente del Metro de Panamá, Roberto Roy, y la exviceministra de Obras Públicas Marietta Jaén son las dos nuevas figuras postuladas por el Órgano Ejecutivo e igualmente figuras cercanas a la administración del presidente Juan Carlos Varela, lo que revela que hay un evidente trasfondo político en dicha decisión. Hay que darles oportunidad a nuevas figuras con idoneidad y experiencia en la materia.

Entre las ratificaciones en sesiones extraordinarias están la del magistrado y magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia y de la fiscal General Electoral. ¿Cuál es su posición ante el caso hipotético de que los diputados no ratifiquen estas designaciones?

Estos temas son de una importancia mayúscula para el país. Es totalmente inaceptable que en el último momento y a la carrera se den estas ratificaciones que obedecen a razones políticas más que técnicas. Lo más prudente es que el país se concentre en un período de transición lo más fluido posible y que la decisión que se tome en torno a estas designaciones se desligue de los matices políticos y se escoja a personas capaces, idóneas, con experiencia y probidad comprobada para estos cargos.

En las sesiones extraordinaria también se incluyó el proyecto que aprueba el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, que fue decretado inconstitucional. Sin embargo, el contrato ley fue declarado inconstitucional y, ahora, se quiere volver a aprobar. ¿Qué lectura hace al respecto?

Con relación a este tema hay muchos intereses económicos de por medio. Es natural que la administración saliente haga todos los esfuerzos posibles por dejar ‘amarrado' el negocio y busquen darle la vuelta a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de mantener vigente la ley y el contrato bajo los mismos vicios por los que fue declarada inconstitucional. Tanto el gobierno saliente como el entrante deben tener claro que vivimos en un Estado de derecho y, por lo tanto, la decisión de inconstitucionalidad tiene que ser respetada y no prestarse al rejuego de intereses para tratar de darle legalidad valiéndose de entuertos y subterfugios legales a una ley y un contrato que fue demostrado ampliamente ante la Corte que van en contra de los preceptos constitucionales, la seguridad ambiental, la protección de nuestra biodiversidad y el respeto a los derechos humanos.

Según la Constitución de la República, en este período se debe nombrar a una serie de funcionarios que deben ser ratificados en este período presidencial.

¿Considera oportuno un llamado a sesiones extraordinarias en el último mes de un mandato gubernamental?

JOSÉ A. DOMÍNGUEZ

DIPUTADO

Juan Carlos Varela es el presidente del país hasta el próximo 30 de junio y sus deberes y obligaciones no cesan hasta ese día. Según la Constitución de la República, en este período se debe nombrar a una serie de funcionarios que deben ser ratificados en este período presidencial para que se mantenga el balance en esas instituciones, según consta en la Constitución Política de Panamá.

¿Considera que los diputados cumplirán su mandato constitucional de acudir a las sesiones extraordinarias?

Está muy difícil que muchos diputados cambien la actitud que han mantenido durante estos cuatro años y once meses. Eso no significa que está bien que lo hagan. Es nuestro deber y para eso se nos paga un salario, y todos debemos cumplir con nuestras obligaciones.

Una ministra de Estado y un embajador desistieron de su designación a la Junta Directiva de la Canal y el presidente Juan Carlos Varela eligió otro ministro de Estado y una exviceministra para el cargo. ¿Qué análisis amerita esta decisión?

Para mí si el designado es o no un funcionario actual no tiene mucha importancia, para mí es más importante que se trate de personas realmente capaces para realizar esa función. Creo que nadie puede cuestionar al ingeniero Roberto Roy en cuanto a su capacidad para realizar ese cargo. En cuanto a la ingeniera Marietta Jaén, entiendo que por su desenvolvimiento como viceministra, le pareció una buena selección al presidente Varela. Por otro lado, no sería este el primer período presidencial en el que se nombran ministros en la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Y cabría un pregunta cajonera, ¿aquellos hicieron bien su trabajo o no? No he escuchado críticas, aparte de que fueron ministros, de esos miembros y exmiembros de la Junta Directiva de la ACP. Lo cierto es que para que se mantenga el balance de fuerzas a lo interno de la directiva de la ACP es necesario que en este período presidencial sean ratificados esos dos espacios.

Entre las ratificaciones en sesiones extraordinarias están la del magistrado y magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia y de la fiscal general electoral. ¿Cuál es su posición ante el caso hipotético de que los diputados no ratifiquen estas designaciones?

Igual sucede en la Corte Suprema. Es de vital importancia que esos espacios vacantes en la CSJ sean debidamente nombrados en este período. No creo que sea la voluntad del pueblo panameño permitir que el nuevo gobierno tenga el control de los tres órganos del Estado. Ya tienen dos, y ese tercero sería una gran tentación para el gobierno que inicia el 1 de julio. La negligencia del Ejecutivo en esperar hasta el último momento para realizar estas designaciones, no lo exime de su responsabilidad de que esto se dé de forma correcta en lo que resta del período.

En las sesiones extraordinarias también se incluyó el proyecto que aprueba el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, que fue decretado inconstitucional. Sin embargo, el contrato ley fue declarado inconstitucional y, ahora, se quiere volver aprobar. ¿Qué lectura hace al respecto?

En cuanto al contrato de Minera Panamá, sé que la Corte Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional, y si se han realizado las correcciones a dicho contrato para que no caiga nuevamente en la inconstitucionalidad, y además se esté considerando todo lo relativo al medio ambiente para impedir que esta industria lo afecte, yo estaría dispuesto a analizarlo en este período extraordinario .