Descentralización paralela: 27 auditorías con daño patrimonial y ocho detenciones, confirma el procurador Gómez

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, reveló este martes 29 de julio que 27 auditorías realizadas por la Contraloría General de la República han evidenciado lesiones patrimoniales vinculadas al polémico esquema de una supuesta descentralización paralela, a través del cual se transfirieron fondos a juntas comunales y municipios.

En entrevista con TVN Noticias, Gómez detalló que estas auditorías forman parte de un total de 429 denuncias presentadas por el gobierno del presidente José Raúl Mulino en su primer año de gestión.

Del total de denuncias, más de 300 están relacionadas directamente con la descentralización paralela, y hasta la fecha se han solicitado 196 informes de auditoría.

La Contraloría ha entregado 30, de los cuales 27 revelan daño económico y tres no presentan irregularidades. “Ya se han iniciado operativos en varios de estos casos, con personas detenidas y otras bajo medidas cautelares”, confirmó Gómez.

El procurador indicó que al menos ocho personas fueron aprehendidas en cuatro juntas comunales, y que durante la jornada de este lunes se ejecutaron dos detenciones adicionales. Actualmente, hay dos personas bajo detención preventiva y el resto enfrenta medidas cautelares no privativas de libertad, algunas de las cuales han sido apeladas por los fiscales anticorrupción.

“Estamos hablando de fondos de interés social, en algunos casos superiores a los 100 mil dólares, y de delitos como peculado doloso agravado, que tiene penas de 8 a 15 años de prisión”, explicó.

Una de las investigaciones más mencionadas públicamente es la que involucra a la Junta Comunal de Barrio Norte, en Colón, en la que supuestamente está involucrado el diputado perredista Jairo Bolota Salazar.

Según datos preliminares, la Contraloría habría detectado el uso sin sustento de al menos 3 millones de dólares de un total de 14 millones asignados a la junta.

No obstante, Gómez aclaró que el informe oficial sobre este caso no ha sido entregado al Ministerio Público. “Lo he escuchado, pero no lo he visto en papel. Aún no ha llegado a manos de los fiscales”, aseguró.

Reiteró que, por tratarse de un diputado, la competencia de investigación corresponde a la Corte Suprema de Justicia, que deberá designar un magistrado fiscal si se encuentran elementos que ameriten una causa formal.

Ante las interrogantes sobre si las denuncias recientes involucran a altos funcionarios del pasado gobierno, como el expresidente Laurentino Cortizo o el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, el procurador fue cauto pero claro: “Existen múltiples investigaciones abiertas en la Fiscalía Anticorrupción que aún no han llegado a fase de imputación”.

Gómez explicó que hay personas indiciadas de diversos niveles, pero que solo con elementos de convicción suficientemente sólidos se podría solicitar una imputación ante los tribunales de garantía. “Este es el procedimiento. Le corresponde a los fiscales llevar procesos fortalecidos para que el juez determine si acepta la imputación”, afirmó.

Según el procurador, el Ministerio Público recibió en 2024 más de 103 mil denuncias, y en lo que va de 2025 ya se contabilizan 61,072 causas activas.

En el ámbito de delitos contra la administración pública, actualmente hay 3,840 casos en investigación, lo que subraya la magnitud del reto institucional frente al combate a la corrupción.