¿Crisis en Bocas del Toro sin muertos? Procurador Gómez confirma que se investigan casos

El Procurador de la Nación, Luis Gómez, detalló este martes que adelanta investigaciones sobre muertes en medio de las protestas en Bocas del Toro contra la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social.

Uno de los casos tendría que ver con una muerte de un joven que presentó una herida de arma de fuego. “Hay una persona que fue reportada lesionada y posteriormente fallece en un centro hospitalario, se señala a nivel de necropsia la utilización de un arma de fuego. No se puede determinar ahora mismo algún sujeto (vinculado)”, indicó Gómez en una entrevista para TVN Noticias.

Las declaraciones contrastan con lo planteado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien calificó de “falso” que hubieran muertos en medio del masivo despliegue policial desplegado en Bocas del Toro y sobre el cual pesan varias denuncias de abusos por parte de la fuerza pública.

Ante una pregunta de La Estrella de Panamá sobre esas muertes, durante la conferencia de prensa semanal del pasado 17 de julio, Mulino fue categórico al negar alguna muerte pese a que la propia Policía Nacional, el 17 de junio, informó sobre el primer fallecido y que presentaba una herida por arma de fuego.

Gómez también habló sobre otra denuncia que involucra a una niña de poco más de un año, que de acuerdo a testimonios recabados por las Aldeas SOS, habría muerto asfixiada por gases lacrimógenos lanzados por la Policía. Sobre este caso, el procurador indicó que para agosto se tiene previsto hacer la exhumación del cuerpo para esclarecer los hechos.

La Defensoría del Pueblo presentó el 3 de julio un informe preliminar en el cual detalla que en Bocas del Toro había indicios graves de violaciones a los derechos humanos, cometidos contra la población. De las 186 víctimas entrevistadas a la fecha del reporte, unas 92 sufrieron detenciones arbitrarias y 101 abuso en el uso de la fuerza, incluyendo golpes, sometimiento a posiciones dolorosas, trato inhumano, entre otros abusos. Una situación que ocurrió mientras estaba vigente el estado de urgencia —-que suspendió garantías constitucionales-— y un bloqueo comunicacional que ordenó el gobierno.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que la fuerza pública ejerció prácticas de tortura contra los detenidos y advierten que podría hacer un subregistro de fallecidos.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, aseguró que la fuerza pública estaba operando solamente con armas “no letales” ante las protestas y que se han respetado los protocolos de uso proporcionado de la fuerza. Sin embargo, La Estrella de Panamá, el único medio impreso que dio cobertura en el terreno en Bocas del Toro los primeros días bajo el estado de urgencia, confirmó con reportes y videos que la fuerza pública se desplegó con armas de fuego en zonas urbanas, especialmente en la ciudad de Changuinola. Se constató incluso participación de unidades con entrenamiento militar como los fronterizos y miembros de la Aeronaval armados con fusiles automáticos que participaron junto a los cuerpos antidisturbios.

Gómez indicó que avanzan investigaciones en las que se registran 289 personas judicializadas, por distintos casos, varios de ellos ligados al vandalismo a locales comerciales y oficinas públicas en la provincia durante las protestas.

En cuanto a las denuncias por abuso policial, el procurador indicó que más de 64 procesos se mantienen abiertos, que incluyen hechos dados en Bocas del Toro y otras provincias.

A la fecha se desconoce una cifra exacta de heridos, fallecidos, ni la magnitud de las pérdidas económicas durante la crisis desatada por la aprobación de la Ley 462 donde hubo huelga en el sector bananero, docente y de la construcción.

Algunos diputados de la Asamblea Nacional impulsan una propuesta para establecer una comisión de la verdad que investigue qué ocurrió durante aquellos días, una iniciativa que se mantiene estancada ante la falta de una firma necesaria del oficialista partido Realizando Metas. El presidente Mulino, adelantó que no respaldará ninguna investigación que no sea la del Ministerio Público.