Defensoría del Pueblo revela abusos y trato inhumano en Bocas del Toro

Agustín salió a comprar comida para su esposa en la ciudad de Changuinola; eran las 10 de la mañana. Apenas caminó unas cuadras, cuando agentes de la fuerza pública lo detuvieron. Les aclaró que solo iba por leche a la tienda, nunca había participado en protestas. Lo esposaron y llevaron al cuartel, pasó detenido toda la noche sin comida ni acceso a abogados. Al siguiente día lo liberaron sin explicación. “Ni siquiera me pidieron disculpas, solamente me pidieron mi cédula y montaron al patrulla” contó el joven de 22 años a La Estrella de Panamá, cuyo nombre real es otro para proteger su identidad. Teme que la Policía Nacional lo busque en su casa.

Testimonios como ese coinciden con lo descrito este jueves en el informe de presentado por la Defensoría del Pueblo, en el que se reveló el hallazgo de indicios sobre graves violaciones a los derechos humanos de las fuerzas de seguridad durante la operación Omega, el masivo despliegue policial que ordenó el presidente, José Raúl Mulino, para acabar por la fuerza las protestas con cierres de vías en la provincia de Bocas del Toro y tras registrarse saqueos en Changuinola.

Presentado de forma preliminar, el reporte establece 186 personas, de las cuales solo han procesado a 104. De estas últimos, unas 92 personas, el 88 %, vivieron detenciones arbitrarias; otras 101 personas, que representan el 97 %, sufrieron abuso de la fuerza que incluye golpes, sometimiento a posiciones dolorosas o esposamiento prolongado.

El defensor, Eduardo Leblanc, detalló que los testimonios corresponden a 172 hombres y 14 mujeres, detenidos bajo el estado de urgencia que decretó Mulino entre el 20 y 30 de junio. Una medida que suspendió las garantías constitucionales como la libertad de reunión, el habeas corpus, la inviolabilidad personal y del domicilio, así como la posibilidad de ser detenido sin orden judicial. Además bajo una orden de suspender toda comunicación sobre la provincia de Bocas del Toro, que quedó incomunicada, sin servicios de internet ni telefonía.

La investigación reveló además que la mayoría eran indígenas ngäbe buglé, en menor proporción latinos y afrodescendientes. Las autoridades hablan de 370 detenidos desde que se inició la operación Omega.

La institución encontró que 99 personas habrían sido sometidas a tratos crueles e inhumanos, mientras que a otras 26 se les aplicó coacción para obtener confesiones, mismas que incluían amenazas a familiares de los detenidos.

Hubo también, precisó Leblanc, 19 personas a quienes se les hicieron registros corporales indebidos, unas 78 reportaron que se les negó la atención médica, al tiempo que la vasta mayoría presentaba indicadores de hematomas y malos tratos.

También tiene testimonios de abuso verbal, amenazas de muerte y 86 % de casos donde no se respetó el debido proceso para los detenidos. El reporte recoge que el 76 % de los entrevistados mostró secuelas psicológicas de pesadillas y miedos persistentes producto de las detenciones. Además, 97 % de los testimonios de las víctimas contiene descripciones detalladas de lesiones físicas, que Leblanc puntualizó se complementan con observaciones de campo, informes médicos, fotografías y videos.

“Hemos constatado a la fecha indicios graves, consistente de violaciones a los derechos humanos que no pueden quedar sin respuesta. Corresponde al Estado panameño asumir con seriedad este desafío y brindar un resarcimiento integral a las víctimas y garantizar medidas efectivas de no repetición”, dijo.

Leblanc dijo que hubo traslados sin registro de detenidos, cuyos procesos judiciales debían atenderse en Bocas del Toro, pero terminaron en otras provincias.

Afirmó que habría advertido al gobierno sobre su oposición a esos traslados sin registros, un dato que coincide con las denuncias de los abogados de la víctimas que hablaron de “traslados fantasma” que impidieron el acceso efectivo y oportuno a la defensa. Los juristas indicaron a La Decana que sus defendidos fueron dispersados en cárceles de las provincias de Chiriquí, Veraguas y Coclé; siendo muchos trasladados semidesnudos, rapados y esposados en aviones del Servicio Nacional Aeronaval.

Sobre esto, el defensor destacó lo ocurrido con el penal de Aguadulce, un lugar sobre el que pesaba una restricción de Protección Civil porque esa instalación estaba colapsada y no resistía un interno más.

Sobre la información de la existencia de supuestos cuerpos en descomposición abandonados en plantaciones de banano, ubicados cerca del cementerio de San San, Changuinola, Leblanc comentó que por el momento no tiene indicios sobre el tema. Este jueves se conoció que el Ministerio Público avanza investigaciones al respecto, que se suman a las diligencias que se siguen por la muerte de un joven que recibió un disparo por la espalda en Rambala (Chiriquí Grande) y de un niña de 1 año asfixiada por gases lacrimógenos, según denunció las Aldeas Infantiles SOS.

Leblanc confirmó que la Defensoría interpuso una denuncia penal ante el MP por quienes sean responsables en los estamentos de seguridad y civiles, de posibles delitos detectados en las investigaciones y el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura.

Leblanc confirmó que abrieron una investigación de oficio sobre la orden del Gobierno que bloqueó comunicaciones en la provincia. El defensor dijo que se trata de una gestión que surgió luego de los reportes de La Estrella de Panamá, uno de los únicos medios que se encontraba cubriendo en el terreno lo que ocurría en la provincia bajo el estado de urgencia, y en el que se detalló sobre perjuicios a la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo tras la desconexión.

Este medio conoció que, como parte de la investigación, se solicitó a la ASEP determinar cuáles fueron los parámetros que utilizó para suspender las comunicaciones y el alcance de esto, tomando en cuenta que se estaría ante restricciones sobre garantías fundamentales.