Documento entregado al Ministerio Público reconstruye la fuga de La Joyita

La fuga masiva de privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita continúa bajo investigación. Sin embargo, un informe remitido al Ministerio Público ofrece nuevos detalles sobre lo que ocurrió dentro del penal antes de que decenas de reclusos escaparan y el centro quedara sumido en el caos.

El documento, dirigido al fiscal superior de Atención Primaria Metropolitana, Azael Samaniego, describe una cadena de acontecimientos que comenzó alrededor de las 12:30 p.m. del 1 de junio.

Según el reporte, el mayor Rivera se presentó en la dirección del centro penitenciario para solicitar apoyo logístico con un vehículo oficial. La finalidad era trasladar privados de libertad desde el área de máxima seguridad hacia el área del Rancho, donde supuestamente se desarrollaría una reunión encabezada por el comisionado Luis García.

El informe señala que existía un listado de privados de libertad convocados a ese encuentro, aunque el funcionario que elaboró el reporte aseguró desconocer quiénes integraban ese grupo.

Además de los internos de máxima seguridad, también participarían líderes de los pabellones de mínima seguridad.

Lo que inicialmente se presentó como una reunión comenzó a generar inquietud entre la población penitenciaria.

De acuerdo con el documento, unidades de control de multitudes llegaron al lugar y varios privados de libertad expresaron dudas sobre el verdadero propósito de la convocatoria.

Según el reporte, algunos internos sospechaban que no se trataba de una reunión, sino de un traslado hacia otros centros penitenciarios.

La información comenzó a circular rápidamente entre los distintos pabellones.

En cuestión de minutos, la incertidumbre se extendió por gran parte del complejo penitenciario.

El informe sostiene que los privados de libertad empezaron a salir paulatinamente de los pabellones mientras aumentaba la tensión dentro de las instalaciones.

Posteriormente, miembros de la Policía Nacional esposaron a 49 privados de libertad y los subieron a vehículos oficiales.

Según el documento, no se informó públicamente hacia dónde serían trasladados. A partir de ese momento, la situación se deterioró rápidamente.

El reporte describe enfrentamientos entre privados de libertad y unidades policiales, lo que desencadenó actos de vandalismo dentro del penal.

Entre los daños consignados figuran la destrucción de áreas de seguridad, afectaciones a la cocina del centro, el robo de insumos, daños a escáneres de control, equipos pertenecientes al Ministerio de Educación y herramientas utilizadas en programas de formación del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh).

El informe también señala que aproximadamente 46 cámaras de vigilancia resultaron destruidas durante los disturbios.

Las autoridades aún investigan si los hechos descritos en el documento guardan relación directa con la evasión de los privados de libertad o si constituyen parte de una secuencia más amplia de eventos que terminó facilitando la fuga.

La versión coincide con las declaraciones ofrecidas por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, quien confirmó que las investigaciones buscan determinar cómo un operativo rutinario de traslado terminó convirtiéndose en una de las mayores crisis penitenciarias registradas en los últimos años.

“Lo que ocurrió no es poca cosa, es grave”, afirmó la ministra, quien aseguró que las pesquisas llegarán hasta las últimas consecuencias.

La fuga registrada en La Joyita involucró a 195 privados de libertad, según las cifras oficiales divulgadas por las autoridades. Durante los hechos también se reportó la muerte de tres reclusos, casos que forman parte de las investigaciones que adelantan el Ministerio Público y los organismos de seguridad.

Montalvo ha señalado que el 1 de junio marcó un antes y un después para el sistema penitenciario panameño y advirtió que el Estado responderá con medidas más estrictas para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

“Todo cambia. Todo al final va a cambiar. El sistema penitenciario de lo que venía siendo hasta ese día se transforma totalmente y van a sentir el peso de un Estado que ha sido desafiado”, manifestó la ministra en una de sus comparecencias públicas.

Tras la evasión, la Policía Nacional desplegó operativos de búsqueda en distintos puntos del país. De acuerdo con los últimos reportes oficiales, la mayoría de los fugados han sido recapturados o se han entregado voluntariamente a las autoridades, aunque los operativos continúan para ubicar a quienes permanecen prófugos.

Paralelamente, el Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones por la evasión masiva y por los daños ocasionados dentro del Centro Penitenciario La Joyita. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades reportaban la recaptura de 166 de los privados de libertad que se evadieron de La Joyita.

Como resultado de las diligencias desarrolladas por los fiscales, se celebraron 18 audiencias de control de garantías y 134 personas fueron llevadas ante jueces de garantías para enfrentar procesos judiciales relacionados con la fuga.

Las actuaciones del Ministerio Público permitieron obtener 125 detenciones provisionales y nueve sentencias condenatorias mediante acuerdos de pena. Entre estas figuran tres condenas de tres años de prisión; cuatro condenas de tres años y seis meses; una condena de tres años y ocho meses; y una condena de tres años y once meses de prisión.

Estas sanciones se suman a las penas efectivas que los condenados cumplían al momento de evadirse del penal, por lo que su permanencia en prisión se extenderá como consecuencia del nuevo delito.

Además, la Procuraduría informó que aún se mantienen cuatro causas en fase de audiencia, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades penales derivadas de la fuga y de los actos de vandalismo registrados dentro del complejo penitenciario.

Las pesquisas también buscan establecer posibles responsabilidades administrativas y disciplinarias por los hechos ocurridos el pasado 1 de junio. Entre las líneas de investigación figura determinar quién ordenó los movimientos previos dentro del penal, cómo se produjo el colapso de los controles de seguridad y si existieron fallas o actuaciones irregulares por parte de funcionarios encargados de la custodia de los privados de libertad.

Mientras avanzan los procesos judiciales, los estamentos de seguridad continúan los operativos de búsqueda.