‘Mientras no se conozca quién y cuánto donó a la campaña habrá corrupción'

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), a pesar de tener un título impactante, aún no logra tener el mismo efecto con los servidores públicos o en la ciudadanía en general. La razón principal es que la ley no la faculta a sancionar a quienes no cumplan con ciertos puntos, lo que da pie al funcionario a tener una flexibilidad en su actuar o en la rendición de cuentas sin mayores consecuencias. Angélica Maytín dirige la entidad desde 2014. Reconoce que hay mucho por hacer y que la cultura de transparencia aún no ha sido adoptada del todo por quienes deberían hacerlo porque el país no ha madurado y las medidas coercitivas son insuficientes.

COMO PAÍS, ¿SOMOS MENOS CORRUPTOS?

Creo que Panamá ha mantenido por muchos años una corrupción sistémica que empeoró en los últimos cinco años y al nuevo gobierno le ha costado mucho eso. No solo se trata de cambiar las leyes, sino muchas cosas, incluso cambiar a personas. Incluso si eres diabético o hipertenso no te pueden destituir, te lo digo porque la administración anterior pasó una ley para que no los puedas botar y si los botas, los tienes que indemnizar. Dejaron un esquema para que sea complicado salir de muchas personas que también están en puestos sensitivos, y no ha sido fácil limpiar la casa.

PERO DICEN Y DICEN DE MARTINELLI Y AHÍ ESTÁN LOS CASOS EN LA CORTE, MUERTOS DE LA RISA...

El tema de justicia es otra cosa, que si hubiera estado el Sistema Penal Acusatorio, sería otra cosa.

EL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGA VARIOS CASOS DE LA ADMINISTRACIÓN PASADA EN LOS QUE, SE SOSPECHA, HUBO SOBREPRECIOS. SIN EMBARGO, HEMOS CONOCIDO QUE ACTUALMENTE OCURRE ALGO MUY SIMILAR, PERO NO VEMOS ACCIÓN DE LAS AUTORIDADES O DE PARTE DE ANTAI. ¿QUÉ PASA?

En realidad las facultades de Antai son limitadas en el sentido de que investigamos faltas administrativas. Un ejemplo es el Programa de Ayuda Nacional. Aún yo no había tomado posesión y me llamó un empresario para quejarse de que se estaba haciendo lo mismo que en la administración pasada, división de materia. Apenas lo recibí, puso su denuncia, hice la investigación y la remití a la Contraloría, quien debe decidir si hubo o no división de materia. Nosotros pensamos que sí. En cosas como esa podemos intervenir, pero no tenemos mucho que ver en temas de que si es la misma empresa la que está participando en un acto. Es decir, si la compañía está inhabilitada, desafortunadamente no puede seguir participando y, en caso contrario, es donde actuamos.

PERO USTED TAMBIÉN PUEDE ACTUAR DE OFICIO…

Yo puedo actuar de oficio también, muchas veces veo en los diarios información que me llama la atención e inicio investigaciones. Pero son faltas, no delitos. El caso famoso del señor Varela (Gerardo), que lo acusan de enriquecimiento ilícito, ahí nosotros no tenemos que hacer nada porque es un delito. En todo lo que tenga que ver con faltas, entramos nosotros.

SE ATREVE A ENUMERAR A LOS MINISTROS PEOR EVALUADOS EN TRANSPARENCIA?

¿POR QUÉ?

Porque a mí no me gusta hablar subjetivamente, sino basado en monitoreos.

EL POLÍTICO PANAMEÑO QUE HA CONOCIDO, ¿CUÁL ES?

Guillermo Endara Galimany. Tuve la oportunidad de conocerlo en diferentes ocasiones y siempre me sorprendió su sencillez y su nivel de autocrítica.

COMO DIRECTORA DE ANTAI SE ATREVE A DECIR CUÁL ES EL PRESIDENTE MÁS CORRUPTO QUE HA TENIDO EL PAÍS...

Es que si lo acuso de corrupto, tendría que tener pruebas.

BUENO, ¿EL MENOS TRANSPARENTE?

Te puedo decir que en el periodo de gobierno que como panameña me sentí más insatisfecha porque consideraba que la corrupción era sistémica fue en la administración pasada, porque no veía los entes de control haciendo su trabajo. Eso sí me preocupó mucho. Afortunadamente, el Tribunal Electoral salvó la cara y se dieron unas elecciones donde ganó el que más votos sacó, pero ese fue el momento que yo me sentí más preocupada por el país.

CON ESE PANORAMA, ¿POR QUÉ ACEPTÓ SER PARTE DE LA COMISIÓN DE NOTABLES?

Porque en esa mesa estaban mis profesores de derecho, la exmagistrada Esmeralda Troitiño, el profesor Rolando Murgas, para mí era un honor poder servir al país, pero al final al presidente no le gustó lo que escribimos porque no hicimos caso de lo que él quería que se escribiera ahí. Por ejemplo, él quería que se bajara la veda presidencial de dos a un periodo y como no lo hicimos, nunca nos aceptaron en el Consejo de Ministros para presentar las propuestas.

HABLANDO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, EL TEMA NO HA CALADO EN LAS INSTITUCIONES. MUCHAS NI SIQUIERA TIENEN SU PORTAL DE INTERNET ACTUALIZADO. SIENTEN QUE NO DEBEN RENDIR CUENTAS A LA CIUDADANÍA… ¿QUÉ HACE USTED AL RESPECTO?

Cuando recibí la institución hicimos un monitoreo y solamente 2 de 96 instituciones cumplían con lo que la Ley de Acceso a la Información obliga. La última medición fueron 27, pronto haremos el anuncio de cómo está la cosa. A mí no me satisfacen esos números, pero estamos hablando de una leve mejoría. Falta que la gran mayoría de las instituciones cumpla. Lo más importante es que la ley de acceso público a la información no establece sanciones a quienes no actualicen su página. Esa es una reforma que nosotros queremos hacer. Es hora de examinar la ley. Como no hay sanción, muchos se basan en eso para no tener información actualizada. Otra cosa que faculta es que cuando no responde un ministro sobre alguna solicitud se puede solicitar por escrito y tiene 30 días para responder.

SÍ, PERO ES UN VÍA CRUCIS… DESPUÉS HAY QUE PONER UN ‘HABEAS DATA' A LA CORTE Y RESPONDEN UN AÑO DESPUÉS…

La gente viene a la Antai y nosotros le escribimos al ministro para solicitarle que cumpla con eso, incluso hay resistencia con nosotros, pero cuando le recuerdo que estoy facultada para ponerle una multa hasta del 50% de su salario, entonces atiende.

¿NOS PUEDE ADELANTAR LOS RESULTADOS DEL MONITOREO QUE PUBLICARÁ?

Bueno, hemos avanzado, no tanto como me hubiese gustado, pero hay más instituciones que llegan al porcentaje de lo que la ley exige, eso sí me gustó, pero igual no me satisface que haya 30 en vez de 27, cuando son 96 entidades las que deberían cumplir con el 100%.

LLEGAR A ESTE PUNTO HABLA DE UNA CULTURA MUY MALA SOBRE EL CONCEPTO DE TRANSPARENCIA QUE TIENE EL FUNCIONARIO…

Coincido contigo. Es muy incipiente todo esto. La ley es reciente del 2002, ha sido muy incipiente el trabajo que se hizo con respecto a estos años y la obligación que tenemos los servidores públicos, nos guste o no. Es un trabajo que estamos haciendo, no es fácil, hay leves avances pero esperamos que al 2019 haya más adelanto. Lo has dicho bien, es una cultura, pero la ley hay que cumplirla.

NOS TOPAMOS CON FUNCIONARIOS VERTICALES, QUE NO RINDEN CUENTAS. FINALMENTE, LOS PERIODISTAS QUEDAMOS HACIENDO EL TRABAJO SUCIO, ¿POR QUÉ?

Bueno, de lado y lado. Definitivamente que hay servidores públicos que no entienden que están ahí para rendir cuentas todos los días de todos sus actos. Hay que mejorar la comunicación.

SI USTED TIENE EL MECANISMO PARA PRESIONAR A LAS INSTITUCIONES, ¿QUÉ FALTA?

Sanciones. Así como cuando antes la gente no se ponía el cinturón de seguridad y hasta que se impuso una multa lo hicieron, eso tiene que ir a una reforma legal. Anunciamos que íbamos a hacerlo porque falta incluir sanciones.

¿HAY FECHA PARA ESO?

Queremos que sea en el primer semestre del próximo año, porque después se complica el panorama legislativo por las elecciones.

¿LA ANTAI HA RECIBIDO DENUNCIAS POR SOBRECOSTOS, O QUE UN SOLO GRUPO EMPRESARIAL ALLEGADO AL PRESIDENTE ES EL QUE SE BENEFICIA DE LAS COMPRAS DEL ESTADO?

Eso precisamente no, pero sí tenemos más de treinta denuncias por procesos de compra, muchos de ellos vinculados a la Caja de Seguro Social, desde construcción de hospitales que debieron costar 10 millones de dólares y terminaron costando 42, hasta compras de equipo de oficina, etc.

¿CÓMO PROCEDE LA ANTAI EN ESE CASO?

Hacemos una investigación, solicitamos a la institución más información y después remitimos el expediente, ya sea a la Contraloría o al Ministerio Público, si encontramos alguna situación irregular.

¿CÓMO EVALÚA LA ACTUACIÓN DE LA CONTRALORÍA EN EL TEMA DE TRANSPARENCIA?

Desafortunadamente la Contraloría no cuenta con los auditores forenses en relación a la cantidad que el tsunami de denuncias requiere. Nosotros todavía estamos esperando que se resuelva una denuncia que hicimos en marzo de 2015, y otras más que hemos remitido.

PERO HAN TOMADO EL CARGO DESDE HACE MÁS DE DOS AÑOS. PODRÍAN HABERSE ORGANIZADO MEJOR..

Bueno, habría que saber qué va a hacer el contralor porque yo sé que tiene demandas de todas las instituciones que están pendientes de auditorías.

HEMOS ESCUCHADO DENUNCIAS DE QUE SI LAS PERSONAS NO INCRIMINAN AL EXPRESIDENTE RICARDO MARTINELLI EN SUS INDAGATORIAS, LAS DEJAN MÁS TIEMPO DETENIDAS…

‘Tenemos más de 30 denuncias por procesos de compra muchos de ellos vinculados a la Caja de Seguro Social, desde construcción de hospitales que debieron de costar 10 millones de dólares y terminaron costando 42, hasta compras de equipo de oficina, etc.'.

A mí me gustaría, por parte del Ministerio Público, es que mejoren sus canales de comunicación. Como decía José Ugaz, quien se reunió con la Procuradora, le recomendó hacer ruedas de prensa varias veces al mes para comunicar sus hallazgos, los obstáculos del caso, etc. La opinión pública está pendiente para saber lo que está pasando y no todo el mundo es abogado; la información que pueda dar, que explique lo que se puede conocer. Hay que decirle a la opinión pública lo que están haciendo y qué instituciones no le responden. Por ejemplo, el caso que tengo del magistrado Erasmo Pinilla, le pedimos a la Corte que lo investigara y eso está en el despacho del magistrado (Jerónimo) Mejía, o sea que yo me desligo de responsabilidad de eso. Se va en diciembre y si sale del cargo, ya no hay caso. Yo lo que quiero comunicarle a la gente es que la Antai hizo su trabajo, pero la Corte, a quien le tocaba investigar, no lo hizo. Es mejor comunicar los cambios de medidas cautelares, que la gente pueda comprender la razón, y apoye así como en Brasil apoyan a sus fiscales. Lo que ha ocurrido en Panamá con respecto a las investigaciones es inédito, más de 200 personas investigadas. No hay que ser tan injusto, también agarró el cargo en el cambio de sistema de Inquisitivo a Penal Acusatorio, todo eso conlleva recursos, es muy complicado, pero hay que comunicar las cosas para no dar la percepción de que no se está haciendo nada.

¿POR QUÉ HAY LA SENSACIÓN EN LOS ‘RANKING' QUE MIDEN LA CORRUPCIÓN, DE QUE POR MÁS QUE SE TRABAJA CONTRA LA CORRUPCIÓN, NO SE AVANZA?

Es percepción. Si midieran cosas más objetivas, tal vez saldría otro resultado. Pero miden percepción, entonces la gente, al ver el mal trabajo de la justicia, evalúa mal todo.

¿CÓMO EVALÚA A LA CORTE?

La Corte nos preocupa a todos. Pasan cosas… Por ejemplo, el magistrado Víctor Benavides, que se fue y no ha pasado nada. Todo lo que tuvo que pasar para que se conociera y saliera, mira que no ha pasado nada.

¿QUÉ ELEMENTOS CREE QUE SE PUEDEN ADOPTAR DE LOS RESULTADOS DE LA CONFERENCIA CONTRA LA CORRUPCIÓN QUE PUEDAN SERVIR PARA NUESTRA REALIDAD, Y CUÁLES NO?

Dos aspectos quisiera rescatar. Uno, las recomendaciones que emitió el comité de expertos luego del escándalo de los papeles de Mossack Fonseca. Veo que eso se está evaluando para saber cuáles se podrían adoptar. El otro es el paquete de reformas que hemos estado trabajando este año, que deben ir a Gabinete, que buscan que las declaraciones patrimoniales sean auditadas, que exista protección a las personas que denuncian hechos de corrupción , conflictos de intereses, fortalecimiento de las instituciones como el Tribunal de Cuentas, incluso la propia Antai. En fin, en la Asamblea también reposa un proyecto de ley sobre la carrera judicial y la ley de contrataciones públicas que hay que aprobarlas. Aunque no se tocó en esta conferencia pasada, también que hay que cambiar las reformas electorales. Mientras en este país no se conozca quién y cuánto donó a las campañas electorales, el problema de la corrupción seguirá siendo sistémico.

LO IDEAL SERÍA QUE ESTAS DECLARACIONES PATRIMONIALES FUERAN PÚBLICAS, NO SOLO AUDITADAS...

La Ley 59 de 1999 nos obliga a los servidores públicos de determinado nivel a presentar una declaración de bienes, pero le ha faltado el ingrediente de la auditoría, con esto permite detectar si lo que declaraste es cónsono con lo que tienes. Detectar también posibles enriquecimientos no justificados. Es desafortunado que en este país, algunos ciudadanos que ganaban 7 mil dólares mensuales, acumulaban mucho dinero. La razón era esa, no se podría detectar si la persona se había enriquecido o que acumulara millones en el banco sin restricciones. Entonces, ahora queremos que eso sea objeto de áudito. También buscamos que las personas que denuncian puedan tener protección. Con frecuencia acude gente a la Antai y me pide declarar en anonimato por temor a ser despedido o represalias, y si es un empresario, por temor a que no lo vuelvan a contratar. El diputado (Antonio) Domínguez tiene un proyecto de ley que estipula que se puede premiar hasta en un 30% a quien presente esta situación y sea veraz.

‘No me satisface que haya 30 instituciones, en vez de 27, cuando son 96 entidades las que deberían cumplir con el 100% de lo que la ley de transparencia exige'.

PERO NO EXIGE EL PROYECTO QUE SEA PÚBLICA LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL..

Por eso en el actual gobierno el presidente Juan Carlos Varela la hizo pública, al igual que la vicepresidenta; yo también la hice pública y la colgué en el portal de nosotros, y tiene que compararse con la que se ponga cuando salga del cargo. Estamos trabajando estos proyectos porque consideramos que el marco legal regulatorio es laxo y débil.

¿POR QUÉ SE COBRÓ $500 LA ENTRADA A LA CONFERENCIA ANTICORRUPCIÓN?

Eso lo cobra la Conferencia Internacional Contra la Corrupción y Transparencia Internacional siempre ha puesto un costo a todas las conferencias. Ellos les pagan pasaje y estadía a los invitados. Panamá puso dos millones para la Conferencia.

¿NO FUE SUFICIENTE?

Un millón 400 mil dólares se usaron para la logística del evento, comida para 1,500 personas por cuatro días, traducción, etc. Eso por una parte. Pero también hay más gastos, como pasajes, que se cubren con la diferencia.

¿LOS PASAJES LOS CUBRE EL PAÍS SEDE O QUIÉN?

Los pasajes de algunos de los expositores, por ejemplo los VIP, algunos los pagó el Gobierno, pero todo el equipo de TI que vino, y todo el equipo de la conferencia, eso no lo cubre el Estado. La prensa no pagaba, nosotros le dimos cien entradas a la sociedad civil y le pagamos los gastos a gente que vino del interior. Hay países que gastan $6 millones porque les dan artículos de cuero a los invitados, plumas más elegantes, por ejemplo... nosotros fuimos muy austeros con lo que se ofreció.

¿EN QUÉ CONSISTE LA INICIATIVA DE TRANSPARENCIA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN A LA QUE SE ADHIRIÓ PANAMÁ?

La iniciativa transparencia en el sector de la construcción (CoST) existe en 15 países. Estos son 40 indicadores que en cada proyecto que es sometido los evalúa un grupo multisectorial conformado por la sociedad civil, el sector privado y personas del gobierno. Las instituciones se acercan para traernos el proyecto con estos parámetros.

¿ES VOLUNTARIO?

Sí, es voluntario.

¿POR QUÉ NO SE TRATA DE HACER UN NIVEL DE INJERENCIA MÁS PROFUNDO?

Se puede trabajar en eso, es una iniciativa joven y con buena voluntad del Gobierno. Pese a ser voluntario, ya hay 18 proyectos que contemplan los del Municipio de Panamá, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, el Ministerio de Obras Públicas, que se someten a estos parámetros.

¿EN QUÉ ETAPA DEL PROYECTO SE SOMETEN?

Previa, antes de que se haga un pliego siquiera.

Nombre completo: Angélica Maytín Justiniani

Nacimiento: 8 de abril 1970, ciudad de Panamá

Ocupación: Abogada

Resumen de su carrera: Maestría en Mediación, Negociación y Arbitraje otorgada con honores Cum Laude por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Postgrados en Mediación y en Métodos Alternos de Resolución de Conflicto otorgados con honores Cum Laude por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología.

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Profesora en el programa de maestrías de la Universidad Interamericana de Panamá, de la cátedra ‘Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos', desde el 15 de octubre de 2008 hasta el 30 de julio de 2012.

Fungió como árbitro para asuntos laborales de la Autoridad del Canal de Panamá. Desde 1996 he estado vinculada a la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (TI).