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- 15/09/2025 00:00
Empresarios señalaron que la confianza ciudadana depende de jueces íntegros y que el debilitamiento de instituciones como UTP, ITSE y Senacyt compromete el futuro de los jóvenes
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) se pronunció tras el anuncio del presidente de la República sobre los nombres propuestos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), destacando que este proceso debe tratarse con la seriedad que exige el futuro del país.
El gremio empresarial enfatizó que no se trata de respaldar o rechazar candidatos específicos, sino de priorizar los principios que deben guiar a quienes asuman la más alta magistratura del Órgano Judicial.
“Los avances logrados en la Corte Suprema se deben al desempeño de magistrados que han ejercido su cargo con probidad y compromiso. Es a esa dirección a la que debemos seguir apuntando: magistrados que trabajen con independencia, ética y sentido de responsabilidad hacia el país”, señaló el presidente de la Cciap, Juan Alberto Arias.
El gremio resaltó que el perfil requerido por Panamá no admite dudas: se necesita valentía para enfrentar casos de alto perfil sin favoritismos, integridad para resistir presiones externas y verticalidad para aplicar la ley sin distinciones.
“En especial, los recién propuestos tienen la oportunidad de reforzar esa línea, consolidando un sistema judicial que recupere la confianza ciudadana”, agregó Arias.
La Cciap también advirtió que este proceso constituye un examen no solo para los nominados, sino también para la Asamblea Nacional.
La Comisión de Credenciales debe cumplir con la tarea de evaluar a los aspirantes según lo que establece la Constitución, y no bajo criterios de pasiones, intereses o revanchas políticas.
“El país entero espera un proceso responsable, en el que se privilegie la idoneidad profesional, el conocimiento jurídico y la solvencia ética y moral. Convertir estas designaciones en un circo sería una falta grave con la nación”, puntualizó.
Finalmente, el gremio empresarial subrayó que la justicia es la base de toda democracia, y que sin jueces probos no hay seguridad jurídica, inversión, empleo ni desarrollo.
“Hoy, más que nunca, se impone el deber de trabajar por un sistema de justicia oportuno, imparcial y eficaz. Magistrados valientes, una Asamblea responsable y una ciudadanía vigilante son claves en este momento”, destacó Arias.
El gasto en educación
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) advirtió que los recortes aplicados al presupuesto educativo representan un grave retroceso para el país, al debilitar la formación de capital humano y afecta directamente la competitividad de Panamá a largo plazo.
Giulia De Sanctis, presidenta del gremio empresarial señaló que la reducción de fondos a instituciones como el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) impacta de manera directa en las oportunidades de la juventud y en la capacidad del país de responder a los retos globales.
El caso del ITSE, ejemplifica la magnitud del ajuste: su presupuesto pasó de $69 millones aprobados en 2025 a solo $23.9 millones, y para 2026 se proyecta una disminución aún mayor a $21.8 millones frente a los $78.1 millones solicitados, lo que equivale a un recorte del 72%.
“No se trata solo de cifras, sino de menos aulas, menos laboratorios y menos oportunidades para miles de jóvenes”, advirtió Apede.
La UTP, considerada la mejor universidad del país y referente regional en carreras STEM, también sufrirá una baja importante en su presupuesto, de $198 millones en 2025 a $144 millones en 2026.
De igual forma, la Senacyt perderá $21.3 millones, debilitando becas y programas de investigación en un contexto en el que Panamá necesita fortalecer su base científica y tecnológica.
Apede también cuestionó la baja ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación. Aunque por mandato legal el gasto en educación debe alcanzar el 7% del PIB, al primer semestre de 2025 la ejecución apenas fue del 1.8%, como lo reveló la semana pasada La Estrella de Panamá.
El Ministerio de Educación cuenta con un presupuesto de $3.677 millones, de los cuales 1.652 millones son para invertir. A esto se suma el dato del Banco Mundial que revela que, aunque los estudiantes panameños acumulan en promedio 11.8 años de escolaridad, aprenden el equivalente a solo 6.5 años, reflejando un desfase estructural en el sistema.
En ese sentido, la organización planteó que el problema no se resuelve únicamente con más presupuesto, sino con un cambio de modelo hacia una gestión basada en resultados.
Esto implica que los recursos públicos se asignen a metas concretas y medibles, como empleabilidad de egresados, calidad de aprendizajes, permanencia estudiantil e investigación aplicada.
“La política más favorable al crecimiento sostenible es blindar la inversión en capital humano y ciencia bajo esquemas de presupuesto por resultados. Panamá no saldrá adelante con austeridad que debilita la educación, sino con visión de largo plazo”, sostuvo De Sanctis.
Las entidades han acudido a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea para sustentar su vista presupuestaria.
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