Empresarios advierten sobre el impacto económico y social de las protestas por la Ley 462

Las recientes protestas sociales contra la Ley 462, que mantuvieron paralizado al país por varias semanas, están dejando importantes lecciones que, según la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), deben ser analizadas con responsabilidad para evitar futuros escenarios de ruptura social, económica e institucional.

En un pronunciamiento de su presidenta Giulia De Sanctis, el gremio empresarial advirtió que, aunque Panamá ha enfrentado momentos de alta tensión social en los años 2022 y 2023, la resolución de los recientes conflictos mostró una dinámica distinta, marcada por una pérdida de respaldo hacia los sectores que tradicionalmente han liderado las movilizaciones.

“El movimiento sindical vivió un punto de inflexión. La pérdida de respaldo y la desmovilización espontánea de los trabajadores reflejan la necesidad de fortalecer liderazgos responsables y representaciones que actúen con visión de país”, indicó De Sanctis, haciendo referencia directa al desgaste sufrido por el sindicato Suntracs, al que calificó de haber cometido una “evidente traición a las bases”.

Uno de los focos más graves del conflicto se vivió en la provincia de Bocas del Toro, donde la Apede denuncia que la extensión innecesaria de medidas de presión, incluso luego de logrados acuerdos parciales, provocó una pérdida de más de 7.000 empleos, afectando a sectores clave como el banano, el turismo y los pequeños comercios. A esto se sumaron brotes de violencia que, según el gremio, “destruyeron no solo edificios, sino también los sueños y esfuerzos de pequeños empresarios”.

“La situación afectó a las empresas, a los trabajadores y a las comunidades, generando un impacto social de largo alcance”, remarcó De Sanctis.

APEDE subrayó que uno de los mayores retrocesos generados por el conflicto fue en el sector educativo. La suspensión prolongada de clases, causada por paros docentes en varias regiones del país, afectó directamente a miles de estudiantes, especialmente aquellos en condiciones de vulnerabilidad.

“La educación no debe ser utilizada como instrumento de presión y debe ser resguardada como prioridad nacional”, sentenció el gremio. A su juicio, el uso de los salones de clase como plataforma de lucha política contribuye a profundizar las brechas de desigualdad y limita las oportunidades de desarrollo de las próximas generaciones.

En medio de este contexto de crisis, la Apede consideró que uno de los principales desafíos que enfrenta ahora el país es recuperar la confianza ciudadana y reconstruir los puentes entre los distintos sectores sociales.

“Panamá necesita garantizar que las diferencias puedan resolverse con responsabilidad y respeto, siempre priorizando el bienestar colectivo”, sostuvo la presidenta del gremio.

La organización reiteró su compromiso con la institucionalidad, la reactivación económica, la defensa de la educación y la construcción de una sociedad más cohesionada, donde se promuevan oportunidades para todos, especialmente en las zonas más golpeadas por los recientes eventos.

De Sanctis concluyó afirmando que el país requiere ahora más que nunca de espacios de diálogo constructivo, donde se privilegie el interés nacional por encima de los intereses particulares o ideológicos.

“Nuestro compromiso es seguir impulsando espacios que fortalezcan la institucionalidad, promuevan la reactivación económica, defiendan la educación y contribuyan a consolidar una sociedad más cohesionada y con mayores oportunidades para todos”, reafirmó.