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- 24/07/2025 16:21
El Ministerio de Ambiente dio a conocer un estudio técnico que identificó más de 4 mil pozos perforados en Panamá, de los cuales solo una tercera parte cuenta con permisos. La extracción ilegal compromete la sostenibilidad de los acuíferos
En lo profundo del suelo panameño, corre un recurso vital que durante décadas ha sido extraído sin control, estudiado a medias y excluido de las grandes decisiones de política pública: el agua subterránea.
Pero eso comienza a cambiar. Este jueves, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) presentó los resultados del Estudio de Prospección, Exploración y Evaluación de Aguas Subterráneas, un trabajo técnico sin precedentes que destapa la magnitud de la explotación irregular de acuíferos en el país, y que marca un punto de inflexión en la forma en que Panamá planifica y protege sus reservas hídricas.
Los hallazgos son contundentes: más de 4,000 pozos han sido perforados a lo largo del país, pero apenas 1,300 cuentan con permisos oficiales. El resto, según las autoridades, representa una amenaza latente no solo para el equilibrio de los acuíferos, sino también para la salud pública, el sector agropecuario, las industrias y los ecosistemas que dependen de ellos.
“El agua subterránea ha estado fuera del radar público por demasiado tiempo. Aunque no la vemos, sostiene a cientos de miles de panameños y a gran parte de nuestra biodiversidad”, advirtió el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, al presentar el estudio. “Este informe marca un antes y un después”.
Radiografía hídrica nacional
Con una inversión superior a $1.4 millones, el estudio permitió actualizar el conocimiento hidrogeológico del país y dio pie a la creación del Sistema Nacional de Información Hidrogeológica (SNIH), una plataforma de datos que organiza, preserva y pone al alcance de técnicos, autoridades y ciudadanía información crítica sobre los acuíferos.
Llamado a la legalidad
El ministro fue tajante: “Seremos inflexibles con quienes perforen pozos ilegales. No permitiremos más abusos. Necesitamos que todos los panameños se sumen al esfuerzo: saquen sus permisos y denuncien los pozos clandestinos”.
MiAMBIENTE, junto con entidades como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el MICI y universidades nacionales, participaron en la elaboración del estudio, con el acompañamiento técnico del consorcio japonés NK-LAC Nippon Koei.
Una deuda histórica
Para Karima Lince, directora nacional de Seguridad Hídrica de MiAMBIENTE, esta publicación representa el cierre de una etapa de desconocimiento y la apertura de una nueva era. “Durante mucho tiempo las aguas subterráneas fueron ignoradas en la discusión pública. Sin embargo, han sostenido silenciosamente a nuestras comunidades rurales, a la agricultura y a sectores industriales sin que tuviéramos información para protegerlas”.
Por su parte, Kevin Tynes, presidente del consorcio NK-LAC, recalcó que este avance no puede verse como una meta final. “Hemos establecido las bases técnicas y científicas para comprender mejor nuestros acuíferos, pero esto recién comienza. Se requiere monitoreo continuo, financiamiento y una visión compartida de largo plazo. No podemos esperar a que la crisis toque nuestra puerta”.
El informe también incluye una zonificación preliminar para la recarga gestionada de acuíferos en tres regiones particularmente sensibles: Chiriquí, Azuero y Coclé, zonas de alta demanda agrícola y con crecientes riesgos de escasez. Además, se propone un análisis económico del uso del agua subterránea, orientado a asignar el recurso de forma equitativa y eficiente entre sectores clave.
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