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- 15/01/2026 00:00
El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó la sentencia absolutorio del exministro Federico Suárez y lo condenó a ochos años de cárcel por el caso de la autopista Arraiján La Chorrera
El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó la sentencia absolutorio dictado en primera instancia y condenó al exministro de Obras Públicas, Federico Pepe Suárez, a ocho años de prisión por el delito de peculado doloso agravado, en el proceso relacionado con la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera.
La decisión quedó contenida en la sentencia de segunda instancia No. 27, con fecha del 1 de diciembre de 2025, mediante la cual el Tribunal reformó la resolución emitida el 2 de abril de 2025 por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, entonces a cargo de la jueza Águeda Rentería, que había absuelto al exfuncionario.
Con esta nueva resolución, los magistrados determinaron que existieron responsabilidades penales en la ejecución del contrato de una de las obras viales más importantes del país, desarrollada durante el gobierno de Ricardo Martinelli.
Además de la pena de prisión, el Tribunal impuso a Suárez la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un período de ocho años, sanción que empezará a regir una vez cumplida la condena principal.
La sentencia también alcanzó a otros implicados en el proceso. Daniel Miguel Ochy, Lester Simeón Mendoza Amaya y Miguel González Martínez fueron condenados a ocho años de prisión, junto con la pena accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo período.
Por su parte, Edder Antonio Márquez Núñez y Eduardo Antonio Rodríguez Jaén recibieron condenas de seis años de prisión, con la correspondiente inhabilitación por igual término. En tanto, Alcides Algimiro Velásquez Vargas fue sentenciado a ocho años de prisión, contrario a versiones iniciales que indicaban una pena menor.
El Tribunal, sin embargo, confirmó la absolución de Marco Antonio Saavedra Catalá, al considerar que no se acreditaron los elementos necesarios para establecer su responsabilidad penal en el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado.
El caso de la autopista Arraiján–La Chorrera surgió a partir de presuntas anomalías en el contrato para el diseño, construcción, rehabilitación y ampliación de esta importante vía, ejecutado entre 2010 y 2017.
Las pesquisas se centraron en posibles sobrecostos, el uso irregular de recursos públicos y un impacto directo en las finanzas del Estado.
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