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Actualizado
- 10/02/2024 00:00
Creado
- 09/02/2024 16:42
Otras cuatro personas, entre ellos, una exasistente operativa del sistema también están vinculadas al caso
El crimen organizado penetra el Ministerio Público, la institución encargada de perseguir los delitos. Una fiscal adjunta fue detenida después de descubrirse que estaba involucrada en la falsificación de firmas para retirar armas de fuego y municiones del Centro de Custodia de Bienes y Fondos Cautelados del Ministerio Público.
Una exasistente operativa y tres particulares también están involucrados en el hecho delictivo.
Las armas iban a parar a manos del crimen organizado. Lo que se conoce es que le hacían encargos de armas de grueso calibre (AK 47). También revólveres y mini Uzi. Los delincuentes las obtenían a un precio que oscilaba entre $1,000 y $1,500.
El Ministerio Público detectó que había armas comisadas que estaban siendo usadas para cometer homicidios y otros delitos. Así empezaron las pesquisas.
Las investigaciones se realizaron entre 2019 y 2022. La primera detenida e imputada fue la asistente operativa, en octubre de 2022.
En el proceso de investigación del caso, se encontraron nuevos elementos que dieron paso a la apertura de una segunda carpetilla, que permitió alcanzar a otras cuatro personas involucradas, entre ellos, la fiscal adjunta y los tres particulares.
Una serie de videos y otras diligencias vincularon a estas personas. Con estos elementos en su poder la Fiscalía Anticorrupción llevó a las cuatro personas a los tribunales de justicia. El 25 de enero de 2024, logró la detención provisional de los cuatro por la supuesta comisión de los delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad de tráfico de armas y explosivos y delincuencia organizada.
Los acusados apelaron la medida. El martes 7 de febrero, el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá - integrado por las magistradas Donají Arosemena (presidenta), Yiles Pittí y Karina Calvo - valoró los indicios de vinculación que se mantienen en la causa investigada y los riesgos procesales y confirmó la decisión de la jueza de garantías de mantener detenidos a los señalados.
Durante la audiencia de apelación, el Ministerio Público (MP) estuvo representado por la fiscal Litzalis Contreras, mientras que los imputados estuvieron representados por tres defensores particulares y un abogado del Instituto de la Defensa Pública.
La Procuraduría de la Nación reconoció que es una entidad conformada por 5,491 funcionarios y aseguró ser consciente de la posibilidad de la existencia de corrupción, por mal uso del poder público. Sin embargo, – agregó – que tiene el compromiso de investigar, poner a órdenes de las autoridades y exigir la responsabilidad penal de los funcionarios que infrinjan la ley.
La institución dice que está aplicando medidas de control y estrategias para evaluar, gestionar y mitigar estos riesgos. Esto orientado a erradicar las prácticas corruptas en esta y otras instituciones, independientemente de la posición o el perfil de las personas involucradas.
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