Un buen estudiante, tranquilo y algo introvertido, que fue monaguillo y empleado en un supermercado antes de alcanzar la fama. Esos son algunos retazos...

- 29/07/2025 23:00
El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, habló sobre diversos casos que acaparan la atención pública en Panamá.
Desde las presuntas irregularidades administrativas en la Junta Comunal de Barrio Norte, pasando por el juicio del caso Odebrecht, hasta las consecuencias de la intervención policial en Bocas del Toro, el procurador abordó durante una entrevista con TVN estos temas que involucran a figuras políticas, contrataciones públicas y abuso de autoridad.
Al referirse al caso de la Junta Comunal de Barrio Norte —cuyo manejo de fondos públicos fue bajo la administración del ahora diputado Jairo Bolota Salazar—, Gómez aclaró que la investigación está abierta, pero que aún se está a la espera del informe de auditoría de la Contraloría General.
“El número de $14 millones, con al menos $3 millones utilizados sin justificación, es uno que he escuchado, pero no he visto en papel. Hasta el momento, los fiscales anticorrupción no me han informado oficialmente sobre el contenido de ese informe ni sobre hallazgos concretos”, aclaró el procurador.
Explicó que de salir algún tipo de elemento que vincule a un diputado, corresponderá a la Fiscalía Anticorrupción remitirlo a la Corte Suprema de Justicia.
Caso Odebrecht
Uno de los casos más esperados por la ciudadanía es el relacionado con Odebrecht, por el cual decenas de personas —entre ellas dos exmandatarios — fueron llamadas a juicio.
Gómez Rudy explicó que el expediente judicial ya alcanza los 2.880 tomos, lo que lo convierte en uno de los procesos más voluminosos. Confirmó que el juicio deberá realizarse en 2026, pese a que aún están pendientes algunas asistencias judiciales internacionales.
“Todavía estamos esperando asistencia de Brasil y Estados Unidos, pero hay tiempo. Si no llegan, hay suficientes elementos para llevar a juicio a las personas llamadas”, indicó.
Respecto a las figuras de alto perfil incluidas en el caso, como los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, el procurador fue enfático: “Los que tienen las condiciones para ser procesados dentro de este trámite continuarán. Aquellos con prerrogativas especiales serán definidos por otra esfera”.
El procurador informó que el Ministerio Público abrió investigaciones por denuncias de abusos, muertes y represión durante las pasadas protestas en Bocas del Toro.
Uno de los temas más delicados fue la presunta aparición de cadáveres en diversas zonas rurales. Según el procurador, se hizo una inspección ocular inmediata, pero no se hallaron cuerpos. “Sobre eso, no se hallaron cadáveres. Se hizo una investigación oficiosa y se inspeccionaron los distintos sitios señalados en las denuncias”, informó.
No obstante, una persona reportada como lesionada falleció posteriormente en el hospital. De acuerdo con la necropsia, se detectó el uso de un arma de fuego, aunque no se ha podido identificar a los responsables ni se hallaron perdigones metálicos en el cuerpo.
Respecto a la muerte de una bebé de un año y ocho meses, que presuntamente no fue llevada a un centro médico a tiempo, Gómez Rudy indicó que se abrió una investigación y que se ha solicitado una exhumación del cuerpo, programada para agosto.
“Se intentó localizar a los padres de la menor; se encontró al padre, quien dijo que no la llevó a un centro médico porque pensó que el cuadro era controlable. Se solicitó la exhumación, los familiares se negaron y, responsablemente, el fiscal acudió al juez de garantías para que autorice esa diligencia”, explicó.
Hasta el momento, 281 personas han sido judicializadas por hechos vinculados a disturbios y protestas. Los delitos investigados incluyen: lesiones personales, incendiarismo, robo y hurto en sus distintas modalidades, daños a medios de transporte, apología del delito y ataques contra servidores públicos
“Algunos tienen medidas cautelares, otros están en detención provisional. Seguimos en fase de investigación formal”, detalló.
Dijo que han recibido 95 denuncias por abuso policial, de las cuales 64 son de Bocas del Toro y el resto en Veraguas, Chiriquí, Darién y Coclé.