Gabinete autoriza el retiro del proyecto de ley del contrato con Minera Panamá

El Consejo de Gabinete autorizó al ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, para solicitar a la Asamblea Nacional el retiro del proyecto de ley 1043, que aprueba el contrato de concesión minera, celebrado entre el Estado panameño y la sociedad Minera Panamá, S.A. para hacer los ajustes requeridos y señalados por la Comisión de Comercio del Órgano Legislativo.

La medida según el Ejecutivo se obedece al estilo del Gobierno Nacional que "es de puertas abiertas y escucha a todos los sectores". Durante las semanas del amplio debate se atendieron las opiniones de organizaciones, gremios, sindicatos, ciudadanos y moradores de áreas aledañas a la concesión minera, tanto en la Asamblea Nacional como en las visitas a las comunidades de Coclesito, La Pintada y Miguel de la Borda, los cuales hicieron señalamientos al proyecto de ley.

Cumplido este proceso y habiendo atendido las inquietudes de la ciudadanía sobre el contrato minero, en los próximos días el Ejecutivo trabajará conjuntamente con la empresa Minera Panamá, para acordar las redacciones que resuelvan los puntos indicados por la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional.

La comisión de Comercio también contempló las inquietudes que se presentaron durante las consultas sobre el contrato ley, entre las que se encuentran el derecho otorgado a la empresa para solicitar restricciones de vuelo en un área que abarca hasta 3.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Esta prerrogativa es percibida como un atentado contra la soberanía nacional.Otra de las preocupaciones es la capacidad de la empresa para adquirir, arrendar o usufructuar tierras ya sean estatales o privadas, dentro o fuera del área de concesión.

Durante los debates se planteó, incluso, que el contrato dejaba la posibilidad de expropiación de tierras en caso de no llegar a un acuerdo con los propietarios, lo que generó inseguridad y aprensión entre los residentes de la zona.

También se pidió revisar la cláusula quincuagésima del contrato que se refiere a los beneficiarios finales para cumplir con la Ley 23 de 2015 sobre la prevención del blanqueo de capitales.