Gremio periodísticos instan a la diputada Rodríguez que desista de acción penal contra Valenzuela

El Consejo Nacional de Periodismo (CNP) y el Fórum de Periodistas de Panamá instan a la diputada Zulay Rodríguez desistir de su acción penal que lleva contra el reportero de la plataforma digital “Foco Panamá”, Mauricio Valenzuela, a quien se le formulo cargo por supuesta “violencia de género” en perjuicio de la diputada, aplicando también la medida cautelar de notificación una vez al mes, tras denuncia por investigaciones periodísticas.

Ambos gremios señalaron en un comunicado que “no puede, nunca, el ejercicio del periodismo- a través de la investigación- generar supuesta violencia de género, cunado es intrínseco a la licitud de su desempeño la investigación periodística y la formulación de preguntas”.

Además, expresaron que al diputado Leandro Ávila, presidente de la Comisión Ética Parlamentaria de la Asamblea Nacional pronunciarse conforme a su Reglamento Interno, ante el intento de “manipulación de la administración de justicia por parte de uno de sus miembros”.

A la administración de justicia- fiscales y jueces- a salvaguardar con sus decisiones el Estado de Derecho y la seguridad jurídica que impida el abuso de los procesos judiciales para promover censura previa e intimidación, prohibidas por la Constitución Nacional, ya que “lamentaron” que el Ministerio Público, en este caso, representado por la fiscal Lorena Quiroz, haya tramitado y solicitado la formulación de cargo, ante una reclamación que “evidentemente busca evitar el libre ejercicio del periodismo”.

Mencionaron que el fiscal “erró su criterio ante la ineptitud de la pretensión y, en ves de archivar el caso inmediatamente, cumpliendo con su deber primario de proteger los derechos fundamentales consagrados en la Constitución; optó por sumarse al abuso del sistema judicial”.

Tanto el CNP como el Fórum de Periodistas indicaron que el juez Carmelo Abdiel Zamorano, al acceder a la imputación de cargos “por supuesta comisión de delitos de violencia de género” y la aplicación de medidas cautelares; avaló “la investigación de un supuesto delito a todas luces inexistente y la abusiva utilización de su juzgado como herramienta de censura previa al libre ejercicio del periodismo, que seguramente, será revertido por tribunales de segunda instancia o provocará escarnio al país ante cortes internacionales”.

Corresponde al CNP, por disposición de la Ley No. 82 de 24 de octubre de 2013, “promover el respeto por los derechos humanos de las mujeres y el tratamiento de la violencia contra las mujeres”, por lo que consideran su deber de denunciar los intentos de manipulación de estos derechos.

“Abrir la posibilidad de procesar a periodistas por razón del abuso de otras jurisdicciones, al margen de la defensa de la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público, seria tanto como reemplazar la libre emisión del pensamiento por el silencio”, expresaron ambos gremios periodísticos.

Pidieron a la sociedad panameña estar alerta ante la utilización de procesos judiciales para impedir el libre ejercicio del periodismo y, en consecuencia, atentar contra la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información de los ciudadanos.