Institucionalidad y confianza ciudadana, los retos del Gobierno postcrisis sanitaria

Considero que estos altos niveles de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas se deben a que el Ejecutivo se ha visto consolidado por las acciones muy certeras, basadas en la ciencia, sobre la crisis sanitaria, que han generado bastante confianza en la población. Durante esta crisis, especialmente lo relacionado con el tema de la salud se ha visto muy organizado y cohesionado; incluso el propio Presidente de la República ha demostrado liderazgo en el tema y esa forma de hablar de manera sencilla ha generado empatía y confianza.

Las iglesias quizá no reflejan los mismos niveles de confianza porque el rol que les ha tocado jugar ahora no es precisamente liderar esta crisis que les corresponde a las instituciones políticas y a la ciencia. Considero también que muchas de las acciones que ha tomado el líder de la Iglesia católica en Panamá no han sido las más prudentes en relación a la crisis sanitaria que se vive, como por ejemplo, el vuelo que hizo en helicóptero y la salida del domingo por las calles. El gesto del papa Francisco es mucho más coherente con el momento, comparado con lo que hemos visto en Panamá, sin embargo, ese liderazgo del 37% que refleja la encuesta muestra la “religiosidad popular”, pero en estos momentos no es relevante el papel de los líderes religiosos, hablando pragmáticamente.

Creo que es muy temprano para juzgar. Esta crisis sanitaria coincidió prácticamente con el inicio de esta gestión gubernamental y siento que este alto nivel de confianza es coyuntural, porque hay otros aspectos de esta realidad que no se ven muy claros, como el económico financiero, así como la transparencia en la gestión pública y de cortar tajantemente la corrupción. Estos indicadores son indicios de que este alto nivel de confianza, que reveló la encuesta, puede ser coyuntural; no quisiera que fuese coyuntural, sino más bien con el modelo que han seguido en materia de salud para abordar la pandemia que abarque otras instancias y enrumben al país hacia una mayor fortaleza de institucionalidad y de más transparencia, pero por lo que hemos visto hasta el momento, no podrá determinar que será así.

Evidentemente los factores también pueden ser coyunturales. Ante un evento como el que ocurre actualmente, y cuando desaparezca esa coherencia y cohesión que han mostrado las entidades públicas para atender la crisis sanitaria. Por ejemplo, el caso de la contratación millonaria de la Caja de Seguro Social no es suficiente que se haya suspendido la licitación, sino que se investigue a fondo y se tomen las medidas correctivas para consolidar la confianza de los ciudadanos; pero si no se le da seguimiento al caso, se corre el riesgo de perder la confianza de la ciudadanía.

Evidentemente es generar políticas públicas basadas en las lecciones aprendidas, con mayor inclusión social que permitan medir de manera más democrática la gestión pública y no solo que se impulse o desarrolle más un determinado sector, sino mirar el Estado de manera más holística, y la crisis sanitaria nos está dejando lecciones en ese sentido. Es un momento de aprendizaje para todos los sectores, pero para quienes llevan las riendas del país es la oportunidad de consolidar la democracia, la institucionalidad y las políticas de Estado a favor de un desarrollo real del país.

En la encuesta de Ciudadanía y Derechos de 2019 del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps) quedó consignada una explicación de nuestra realidad social e institucional que yo comparto y que ha estado evidenciándose empíricamente en distintos estudios, como son el informe de Desarrollo Humano del PNUD de 2007 y los últimos Latín barómetro y el Barómetro de las Américas: que la arquitectura Estado panameño postinvasión y la ingeniería de su modelo económico transitista han producido una sociedad profundamente desigual y excluyente; con una descomposición sostenida del tejido social organizativo, un ascenso del hiperindividualismo y una creciente desconfianza en el otro, como también en las instituciones del Estado, sobre todo –que es lo más peligroso– en las que sustentan la democracia y las políticas públicas, tal es el caso de los partidos políticos y las instituciones de Gobierno. Del altruismo y la lucha colectiva de los mártires del 9 de enero hemos devenido en una sociedad donde la actitud individual del “sálvese quien pueda” alimenta el monstruo del clientelismo institucional público y privado. Sin embargo, los resultados de la encuesta de coyuntura del Cieps sobre los impactos del Covid-19 hablan de un repunte en la confianza de la población en las instituciones y en el Gobierno. Pienso que esa mejora en la percepción está anclada, por un lado, en el trabajo del personal de salud y del Instituto Conmemorativo Gorgas, que, en medio del miedo y la incertidumbre producidos por la pandemia, han respondido de manera sacrificada para brindar respuestas a la ciudadanía, desde la ciencia y desde lo público. Todo esto, a pesar de los recortes presupuestarios que hizo este mismo gobierno en salud y ciencias en el año 2019 y 2020. Por otro lado, está la Policía Nacional, que entre coerción y el simbolismo generado por ir a cantar a algunos barrios y usando la bandera, ha creado cierto sentimiento de confianza en un sector de la población.

Pienso que la pandemia ha desvelado lo frágil de la sociedad panameña, una fragilidad que arranca en la imposibilidad que tienen centenares de miles de personas de no poder ejercer con dignidad sus derechos económicos, sociales y culturales. Entonces la pandemia nos ha ubicado en el terreno del déficit material de vida y allí las iglesias no han tenido muchas posibilidades de convertirse en actores centrales en la respuesta a la crisis. En pocas palabras, la gente está más preocupada en poner la paila y satisfacer sus necesidades básicas.

Lo positivo de la situación es que, después de 30 años de políticas de “estado chico y mercado omnipotente” nos hemos dado cuenta de que sin instituciones públicas robustas y políticas públicas que garanticen salud, educación, vivienda y empleo, no es posible la vida digna. Entonces, estamos en un momento crucial de nuestra historia reciente; las decisiones que se tomen hoy afectarán la vida de la población en los próximos 30 o 40 años, por eso apelo a que es el momento de refundar el Estado, sus instituciones y la lógica que articula a nuestra sociedad. El bienestar colectivo debe ser nuestro norte y para ello necesitamos un Estado social y una ciudadanía organizada y activa.

En el caso de Panamá, las décadas de ver cómo el Estado ha sido controlado por élites económicas y políticas que lo han usado para satisfacer sus intereses particulares. La desigualdad es nuestro principal problema y de allí se deriva la mayor parte de nuestras vicisitudes como sociedad.

Pienso que es imperante que se cree una mesa intersectorial nacional de emergencia compuesta por todas las fuerzas vivas del país, que tenga como tarea central formular un plan nacional de desarrollo. De ese plan deben salir las directrices sobre el uso de los fondos que han sido conseguidos por el Gobierno. Además, tendríamos que reformular el presupuesto del Estado e invertir en las áreas sociales y de investigación científica, así como en la reactivación de las pymes. Y, por último, debemos atacar la desigualdad, eso comienza discutiendo una reforma política que le dé voz a los sectores que hoy no la tienen, y una reforma fiscal que sea progresiva.