Juez concede prórroga en caso de Mossack Fonseca

La Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Javier Caraballo, prometió hacer lo jurídicamente posible para acreditar un delito de blanqueo de capitales contra la firma de abogados Mossack & Fonseca y sus clientes.

‘La agencia de instrucción a mi cargo realizará todo lo necesario (…) para terminar de acreditar el hecho punible y vincular a las personas y exigir responsabilidad penal por los mismos', señaló el fiscal de la causa.

La investigación que se inició el 5 de abril de 2016 tras una publicación de los llamados ‘Papeles de Panamá', una filtración de documentos de la firma de abogados que dejó al descubierto cómo personalidades de distintas partes del mundo usaban sociedades offshore para ocultar ganancias, propiedades y evadir impuestos, tiene 23 tomos.

El fiscal explicó que el expediente se encuentra en el Juzgado Décimo Séptimo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, tras haberse solicitado una prórroga para continuar con el desarrollo de la investigación.

El juez José Félix Sánchez accedió a la solicitud de la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada y negó, por improcedente, a la defensa de la firma de abogados un recurso de apelación contra la decisión del Órgano Judicial.

FECHAS CLAVE DEL CASO

El 5 de abril de 2016, el Ministerio Público abrió la investigación.

El 12 de abril realizó allanamiento, registro y recolección de evidencias a las oficinas del bufete Mossack y Fonseca.

El 12 de octubre de 2016, El juez Décimo Séptimo de lo Penal concedió prórroga para continuar la investigación contra la firma de abogados.

El 28 de septiembre de 2016, la fiscalía solicitó la prórroga de la investigación y el 12 de octubre el juez accedió a la solicitud de Caraballo. El juez se pronunció, mediante Auto Nº9 ‘accediendo a la solicitud, es decir, que continúe el trámite hasta que se agote la investigación'.

Los representantes de la firma de abogados procedieron a interponer recursos de apelación contrario al Auto N°9, pero estos fueron declarados improcedentes.

Caraballo detalló que el desarrollo del proceso de investigación ha conllevado cuatro allanamientos, 16 inspecciones oculares, más de 500 requerimientos de información bancaria, financiera y legal, 16 solicitudes de asistencia judicial internacional (Colombia, México, Suecia, Bahamas, Alemania...).

Así mismo, se han recibido seis solicitudes de información de otros países (Ecuador, Venezuela, Argentina, Paraguay y Bolivia...). A Ecuador se le ha enviado dos asistencias judiciales debidamente diligenciadas, explicó Caraballo.

En parte, la investigación depende del éxito de las que se están realizando en otros países, toda vez que para sustentar el delito de blanqueo de capitales se requiere que se acredite la comisión de conductas delictivas que sirvan de fundamento en este caso, explicó el fiscal.

ALLANAMIENTO

El 12 de abril de 2016, la Fiscalía realizó un allanamiento, inspección ocular, registro y recolección de evidencias en las oficinas de la firma de abogados Mossack-Fonseca.

La diligencia se prolongó por más de 27 horas. Posteriormente, la defensa del bufete y de la Fiduciaria Mossfon, S.A. (Mossfon Trust Corporation ) interpuso un incidente de controversia contra la providencia que ordenó el allanamiento, pretendiendo restar valor legal a la misma, explicó el Ministerio Público (MP).

OTRO PROCESO

La Estrella de Panamá contactó a la defensa de la firma de abogados, a cargo de Guillermina McDonald, pero dijo desconocer las declaraciones del fiscal de la causa.

La abogada prometió revisar el sitio web del MP donde aparecen las declaraciones del fiscal para, posteriormente, ofrecer una versión al respecto.

Este medio, además, contactó al representante de la oficina de relaciones públicas de la firma de abogados, de quien se obtuvo la misma respuesta.

Ante esto la firma panameña Mossack Fonseca aseguró que contrario a lo que muchas personas han indicado en los medios, en Panamá se están llevando adelante investigaciones por parte de la Fiscalía, reguladores y demás actores que intervienen en el negocio, con las cuales está colaborando en todo lo relacionado.

Respecto al caso del indicó que el resultado de la investigación en BVI en el que el regulado multó a la oficina en dicho país, fue únicamente por una falta administrativa, lo que no indica que Mossack Fonseca haya cometido ningún delito ni señala a ninguna de las sociedades abiertas en ese país.