López y Varela, los citados por la querella

Hoy el grupo de seis querellantes en el juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli por el caso ‘pinchazos' telefónicos presentará ante el Tribunal los testigos claves para probar que el exgobernante fue el autor de cuatro delitos: violación a la intimidad, seguimiento y dos delitos contra la administración pública en forma de peculado (malversación de uso y sustracción).

Los querellantes están interesados en que el Tribunal escuche las declaraciones de Rolando López, exdirector del Consejo de Seguridad Nacional (2014-19) y del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019).

El miércoles pasado, la Fiscalía culminó la presentación de sus testigos y desistió de citar al juicio oral a casi la mitad de ellos.

El abogado David Cuevas, como representante del querellante Rosendo Rivera, manifestó al Tribunal la intención de la querella para traer a juicio al resto de los testigos a los que renunció la Fiscalía. Esto podría traer consecuencias para los dos testigos mencionados.

El interés de conocer el testimonio de estas dos personas no solo es de la querella, sino también de la defensa del expresidente. Se les agua la boca por dirigir a Rolando López una pregunta clave para el proceso y que la fiscalía nunca logró responder con contundencia. ¿Por qué aparece el nombre de Rolando López como autor del volcado de los correos electrónicos en los que se guardó la mayor cantidad de información sobre las víctimas? En palabras simples, por qué el nombre de Rolando López aparece como si hubiera sido en su computadora en la que se volcó la información del correo brad.pty507@gmail.com en uno de los discos compactos que usó la fiscalía para que el testigo protegido leyera y explicara los 338 correos de las víctimas leídos en audiencia.

El 18 de junio pasado, cuando la defensa hacía el contrainterrogatorio al testigo protegido de la Fiscalía —tras haber declarado por dos semanas— la defensa solicitó a la secretaria judicial abrir en la pestaña de archivo del correo, el renglón de propiedades. En ese momento apareció como autor el nombre de Rolando López, secretario actual del Consejo de Seguridad.

Previamente el testigo protegido había asegurado al Tribunal que él mismo había grabado la información en los discos compactos que empleó la fiscalía como evidencia en el juicio.

Desde ese día, la Fiscalía jamás volvió a ubicar un correo electrónico en los dispositivos en mención. Cuando intentaba que una víctima reconociera algún correo, presentaba la información en soporte papel para evitar nuevamente esa situación.

López no formaba parte de la lista de testigos de la Fiscalía. Quien lo incluyó fue en su momento el querellante autónomo Rosendo Rivera, que cuando se presentó ante el Tribunal éste lo desconoció como autónomo y lo adhirió al resto de los querellantes. De cualquier forma, el abogado de Rivera se comprometió personalmente a que comparecieran ante el tribunal los dos mencionados.

El testimonio de López podría servir también para explicar cómo surgió la investigación interna en el Consejo de Seguridad, en qué consistió la reunión que sostuvo con Varela en el Consejo de Seguridad y aclarar los temas sobre las entrevistas que sostuvo con los funcionarios de la entidad.

La defensa culpa a López de ser el artífice del caso, quien armó todo y se dedicó a recopilar las pruebas, a premiar al testigo protegido con un cargo en Estados Unidos y un jugoso sueldo.

Por otra parte, los querellantes están interesados en conocer por qué esta investigación se limita a dos años cuando desde el inicio del mandato de Martinelli hubo intención de adquirir máquinas pinchadoras.

Juan Carlos Varela había sido citado por la Fiscalía para que reconociera el contenido de seis correos electrónicos, pero no era un secreto para Varela lo de las escuchas telefónicas. Sobre él recaen señalamientos de que sabía sobre los mismos.

Rosendo Rivera sostuvo una conversación con el acusado en la que le pidió que aportara información sobre lo que pudo haber ocurrido antes del 2012. Pero Martinelli ‘nunca lo hizo, a pesar de que sé que la tiene', indicó Rivera al Tribunal cuando declaró.

De los testigos que participaron por parte de la Fiscalía, pocos apuntaron directamente al expresidente como autor de los pinchazos: el político Mitchell Doens, el médico Mauro Zúñiga, el querellante Rosendo Rivera, el político Juan Carlos Navarro, entre otros.

Esta convicción de Martinelli como autor de los pinchazos la deducen por la hilación de una serie de hechos vinculados a la información que reconocieron en la Fiscalía Auxiliar como propia en 2014.

Con respecto al delito de peculado, a la Fiscalía le faltó acreditar que se emplearon recursos del Estado para comprar el aparato Pegasus, adquirido en julio de 2012 a un costo de $13.4 millones. Según las investigaciones, la empresa Caribbean Holdings Services Ltd, registrada en Islas Vírgenes, fue empleada para las transacciones de la compra. Sobre este trámite no se mencionó nada durante el tiempo que la Fiscalía evacuó sus pruebas.

Lo único que buscó acreditar la Fiscalía fue el desmantelamiento de un rack de servidores que supuestamente fue trasladado a las oficinas privadas del expresidente.

Con este equipo se efectuaron la mayor parte de las interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos que se ventilaron en la audiencia. La mayor parte de ellos estaban fechados en 2012 en 2013 y algunos en 2014.

Lo que quiere decir que la información de estos correos se obtuvo mediante el Pegasus, un software espía capaz de absorber toda la información de los móviles y de las computadoras.

Antes de este programa, la Fiscalía acreditó la compra del equipo a la empresa M.L.M. Protection en marzo de 2010. Dicho software fue entregado en la Policía Nacional, pero en el juicio la fiscalía no explicó cómo llegó al Consejo de Seguridad. Lo cierto es que el testigo protegido de la fiscalía declaró que recibió entrenamiento por parte de los representantes de la empresa. También dejó establecido que lo empleó mientras laboró en el Consejo, pero que su eficacia era tan baja que no renovaron la licencia y decidieron buscar un equipo más eficiente.

Si el Consejo de Seguridad no renovó la licencia del equipo y éste se adquirió antes de 2012, fecha que comprende la investigación de la Fiscalía, y además de esto, la auditoría que efectuó la Contraloría no relaciona a Martinelli, ¿por qué la fiscalía introduce la compra del equipo a M.L.M. Protection para acreditar el delito de peculado?

Su respuesta es que en el Consejo de Seguridad debió existir un método de descarte del equipo, ya que el mismo no aparece en ningún lado.

Desde el 22 de marzo, fecha en que arrancó el juicio oral, la fiscalía introdujo 45 pruebas documentales, cinco dispositivos y 40 testigos entre los que se cuentan 27 víctimas y 5 peritos. Con esto, confían los fiscales, el Tribunal se encontrará ilustrado y convencido de que Martinelli fue el autor de los delitos que se le endilgan.

El desistimiento de casi la mitad de los testigos que habían sido admitidos a la Fiscalía en la fase intermedia puso a pensar a varios. Los fiscales aducen que comparecieron testigos de diferentes sectores, magisteriales, sindicalistas, empresarios, médicos, políticos, exdiputados, abogados, suficientes para probar su teoría del caso, y que citar a todos los enlistados sería reiterar lo ya dicho ante el Tribunal.

La investigación que efectuó la fiscalía comprende el periodo 2012-2014, unos meses después de que la alianza política entre el partido del entonces presidente Ricardo Martinelli y el Panameñista Juan Carlos Varela se fracturó.