‘MP y Órgano Judicial son cómplices de la impunidad’

PANAMÁ. Las investigaciones por los asesinatos en medio de las represiones en Colón y San Félix tienen un agrio denominador común: todas han sido cerradas provisionalmente porque el Ministerio Público (MP) nunca pudo hallar cuál agente de la Policía fue el que disparó el arma que mató en nombre del ‘imperio de la ley’.

Los siete casos que el MP adelantaba desde inicios de 2012 terminaron en solicitudes de sobreseimiento provisional, porque no hay a quién imputar. Ni responsables directos ni políticos. Un informe de la institución lo constata así: las ‘unidades de la Policía Nacional portaban cascos y máscaras por lo tanto no se puede reconocer quién fue la persona (que disparó)’.

En Colón, aún con las heridas de la protesta contra la venta de tierras en la Zona Libre abiertas, el Frente Amplio denuncia que aun con las pruebas, el Ministerio Público ha decidido esperar a que aparezca una ‘prueba’ que apunte a los asesinos de ciudadanos que le exigían al gobierno la derogación de la Ley 72.

CASO COLÓN: CUANDO LA JUSTICIA PIERDE EL NORTE

Antonio Bradley, abogado en los expedientes de las muertes en Colón, asegura que los tribunales del Órgano Judicial no han tenido reparos en conceder las pretensiones de las fiscalías que investigaron los asesinatos.

El Órgano Judicial se decantó por las vistas de las Fiscalías Tercera y Cuarta, de sobreseimiento definitivo.

Bradley, desde el otro lado de la línea, dice no entender las razones para tal decisión, cuando en los expedientes se consignaron pruebas que definen, incluso, qué tipo de agente era: antidisturbios, control de multitudes, Senafront o Aeronaval.

‘El Ministerio Público y el Órgano Judicial están siendo cómplices de esto... de la impunidad’, alza el dirigente del Frente Amplio por Colón (FAC) Felipe Cabezas.

En Colón fallecieron el año pasado tres personas, entre ellas el niño Josué Betancourt, cuyo caso empezó en la Personería Primera de esa provincia, y por el cual se practicaron pruebas perimétricas en las que se debía establecer de qué arma salió la bala que lo mató. Pero no hubo nada. Tampoco lo ha habido con las 180 denuncias de baleados.

Los colonenses se han sumado al temor de los indígenas ngäbes de que así como a ellos, el Estado les dé la espalda a los padres de los dos niños indostanes asesinados a tiros por agentes secretos de la Policía Nacional en San Carlos, la semana pasada. Este hecho ha revivido el debate sobre la impunidad policial y los inconmensurables límites de la Ley 74 de 2010, una norma que, dicen, blinda a las unidades que están investigadas por abuso de fuerza.

Aunque el director de la Policía, Julio Moltó, decidió no aplicarla, abogados han proyectado que la decisión de separar a seis agentes investigados por este caso, y ordenarle prisión preventiva, podría tumbar el proceso y dejarlos libres. En ese mismo sentido, la defensa de los policías implicados en el caso de los menores quemados en el centro de cumplimiento de Tocumen interpondrá un recurso ante la Corte para lograr su excarcelación.

CASO MÉNDEZ: ANOMALÍAS

Las huellas que ha dejado Mauricio Méndez en la internet son petrificantes. Su rostro, fotografiado en el lecho de su muerte, en medio de la protesta antiminería de Las Lomas en David, está reventado y ensangrentado. No tiene mandíbula y la sangre ha dejado de correr. Sus ojos están abiertos y firmes, como esperando respuesta. La que la democracia no ha sabido darle a su memoria ni a su familia. Ni al país.

En el expediente de su asesinato habían pruebas testimoniales que apuntaban a casquillos de escopeta. Los ngäbes llevaron fotos, pero el MP las rechazó, al final, porque la autopsia practicada a Méndez no apuntaba a proyectil alguno.

Pero la entidad se hizo de la vista gorda con los informes de su propio Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses: fue por una bomba lacrimógena y no por una molotov, como lo insistió la Policía Nacional. Mediante la vista fiscal 66 del 31 de julio pasado solicitó el cierre, y espera desde entonces que el Tribunal Primero Superior se pronuncie.

Nadie sabe cuán cerca (o lejos) pueden estar las horas complejas de estos expedientes. Las denuncias de una justicia enmarañada y desviada atiborran el escenario, mientras la insistencia por la derogatoria de la Ley 74 crece. La sociedad civil y los ngäbes ya se sumaron. Colón lo hace ahora. El FAC, dice Cabezas, nació ‘justamente en oposición a la ley chorizo —Ley 30, que originó protestas en Bocas, en la que un ngäbe murió a perdigonazos—, de la cual se desprende la Ley 74’.

En Colón y en Panamá se ha gestado un frente que, por lo pronto, solicitó al Ministerio de Educación la no participación de los estamentos de seguridad pública en los desfiles patrios.

Aunque el oficialismo en la Asamblea ha desestimado la idea y dos propuestas legislativas en ese sentido, la sociedad civil la cree necesaria para detener la ola de impunidad que se cierne sobre el país. Sí, aunque suene paradigmático: impunidad en plena democracia.